Un mes antes del autoacuartelamiento, se venían produciendo manifestaciones de mujeres de la “familia policial”, que comenzaron con una frente a la Jefatura de fuerza, siguieron con marchas hacia la céntrica esquina de Colón y General Paz, cortes de calles y, ya la semana pasada, una “toma” simbólica del hall de entrada de la sede central de la Policía de Córdoba.

Durante esta última medida, las demandantes fueron recibidas por un funcionario de tercera línea, que apenas escuchó los reclamos. Tras ello, un nutrido grupo de esposas bloqueó el ingreso a la Guardia de Infantería, frente al Hospital de Urgencias, y realizó una suerte de acampe en el lugar. Otro grupo marchó hasta el Centro Cívico, donde reclamaron ser atendidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, o el jefe de Gabinete, Oscar González, también sin éxito.

Había, además, algo de fondo que indica que no se trataba (ni se trata) de una cuestión meramente económica. Lo explicó muy bien el comisario retirado y abogado Héctor Luna en un artículo publicado en La Mañana: “En rigor de verdad, la carencia de representatividad colectiva de los integrantes de la institución policial hace que el autoritarismo y la arbitrariedad vulneren de manera casi automática y diaria los derechos individuales de cada uno de nuestros policías y quien se atreve, a pesar de todo, a ejercitarlos en plenitud, termina vapuleado y resignado”.

Al fin y al cabo, se trataba de la segunda crisis policial en menos de tres meses, luego de que en el pasado septiembre el “narcoescándalo” obligara a José Manuel de la Sota a descabezar la cúpula de la fuerza y a hacer renunciar a uno de sus hombres de confianza en el Gabinete, el ministro de Seguridad Alejo Paredes.

Pero nadie advirtió lo que se venía ahora. Ni el nuevo jefe de la fuerza, César Almada, ni la nueva ministra Monteoliva ni el superministro (con ambiciones de gobernador) González. Y si se dieron cuenta, se callaron. Por no saber qué hacer o por no incomodar al mandatario provincial que emprendía viaje de descanso al paraíso (fiscal) que es Panamá, en aparente tránsito hacia Colombia.

El mandatario tuvo que regresar y lo primero que ensayó fue una cerrada negativa a la demanda de los policías. Pero cuando comprendió la gravedad del problema, a partir de los saqueos, optó una vez más por descargar las culpas en el Gobierno nacional y acceder a dar el aumento de sueldo que los uniformados le reclamaban. 

En términos políticos, consiguió el apoyo del diputado Sergio Massa y de los medios del Grupo Clarín que subrayaron sus denuncias contra la administración central, pero cosechó fuertes críticas del radicalismo, el juecismo y la izquierda provincial, entre otros sectores políticos y sociales, muchos de cuyos integrantes acompañaron la nutrida marcha del viernes por la noche para pedirle la renuncia. El mismo Luis Juez afirmó que, en su calidad de legislador nacional por Córdoba, “inmediatamente” se comunicó con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y que el funcionario lo invitó a constatar que tenía disponibles 2.000 efectivos de la Gendarmería y que se hallaba a la espera de la llegada y la llamada del gobernador. Olga Riutort tampoco permaneció ajena y escribió en un comunicado que “nuestra sociedad ve a diario actos de corrupción en los gobernantes y violaciones a la Constitución; descree de la Justicia y de la Policía...”. Hasta el expresidente Eduardo Duhalde lo llamó “al orden” a través del programa de Dady Brieva en Radio América: “Los gobernadores tienen la responsabilidad de enfrentar las situaciones en sus provincias”. 

La idea de tapar el sol con la mano no prosperó. La bola de fuego se hizo cada vez más grande y alumbró otros rincones. Los trabajadores de la Justicia tomaron Tribunales I de la capital provincial y los diferentes sindicatos que confluyen en el área de Salud tomaron los hospitales provinciales Misericordia, Tránsito Cáceres de Allende, Rawson, de Niños, Maternidad y Materno Neonatal (anunciaron que hoy se agregan el Córdoba y el Nuevo San Roque, junto con el Neuropsiquiátrico, el IPAD y la Casa del Joven, además de las sedes de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud.

Más allá de que puedan surgir otros conflictos, como el que impulsarían los bancarios, lo cierto es que José Manuel de la Sota se encuentra en la encrucijada más difícil de su dilatada carrera. Mañana será recibido por el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, y habrá que estar atento al tono de ambos en la conferencia de prensa posterior al diálogo, para saber si los cordobeses tendremos más cordobesismo, más de lo mismo o si habrá una apertura alternativa.

De momento, nos quedamos con las tristes imágenes de las más de 30 horas de violencia que se vivieron en las calles de Córdoba, con dos muertos y cientos de heridos, al margen de los daños materiales que se calculan en millones. “Volvimos a las cavernas”, escribió el periodista Mariano Saravia. Todos dentro de la caverna. Tanto el que saqueaba y rompía desenfrenadamente, como el que jugaba a ser el sheriff de la cuadra o se unía a una patota que molía a patadas a un supuesto delincuente indefenso y en el piso, como la autoridad política ausente.

Además, para algunos, lo ocurrido entre el 3 y el 4 de diciembre marcará a fuego sus vidas, porque con la pérdida de la fuente de trabajo se esfumaron su esfuerzo de años y sus proyectos para el futuro.

 

 

Y una cosa más, como al pasar: no hubiera estado de más un reconocimiento de la Municipalidad de Villa María a los vecinos, por el comportamiento que mantuvieron mientras los efectivos policiales permanecieron autoacuartelados. 

 

Fotografías: 1) Un pasajero subió a las redes sociales la foto de De la Sota en el aropuerto panameño, aguardando el vuelo para regresar

2) Esposas y otras familiares de los agentes habían comenzado con las protestas un mes antes

3) El gobernador en una pancarta en una de las marchas en su contra