Escribe: Graciela Sánchez (*)
A comienzos de esta semana tuve la oportunidad de reunirme con la directora del Hospital Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, Liliana Abraham; el subdirector, Ignacio Bruno, y el jefe de personal del nosocomio, Leandro Parnisari.
Con mucha gentileza y en medio de un paro laboral, pero con presencia en el lugar de trabajo por parte de los trabajadores, los directivos me contaron la realidad que atraviesa la institución sanitaria que ocupa su actividad en el área, en un radio aproximado de 150 kilómetros, pero que se extiende aún más esta prestación hacia el sur del territorio provincial, superando a veces la cobertura de los 280 kilómetros.
Como bien es sabido, la salud es un derecho que ha sido reconocido universalmente por diferentes tratados internacionales, a los cuales nuestro país ha adherido.
A nivel provincial, la Constitución de la provincia de Córdoba en el capítulo Políticas especiales del Estado define a la “salud como un bien natural y social que genera en los habitantes de la provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social... El Gobierno de la provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del individuo y de la comunidad...”. Artículo 59.
Sin embargo, y muy a pesar de todos los cordobeses, lejos está la ley de cumplirse. La crisis social que vivimos en la actualidad en la provincia hace que la salud no escape del tema, sino que se profundice y se agudicen las carencias.
Concretamente y en referencia al crítico panorama por el que atraviesa el nosocomio regional, emergió como temática en la reunión la carencia de personal en algunos sectores del Hospital y el vivir al día con los insumos.
Esta situación de deterioro estructural en materia de políticas sanitarias fehacientes y en el incumplimiento con la Constitución provincial por parte de los políticos a cargo del Ministerio de Salud en Córdoba, me recuerda en cierta medida a aquella primera visita al nosocomio de Bell Ville, donde acompañé a la legisladora Liliana Montero, quien denunció el deplorable estado de las instalaciones y condiciones de vida de los pacientes allí alojados. En este marco, se presentó un informe sobre el estado de situación de las instituciones de salud mental de la provincia y la presentación judicial realizada por la legisladora Montero en la que se denuncia el estado de abandono en el que se encuentran los pacientes del establecimiento Colonia La Alborada, de Bell Ville.
En este sentido, se planteó la necesidad urgente de retomar el tema de los derechos humanos en la salud mental en Córdoba, con la intención de no dejar que la problemática se diluya una vez que desaparezca de la agenda mediática.
Pero pese a la realización de pequeñas reformas a modo de parches por parte del gobernador (José Manuel) De La Sota, la crisis en la institución bellvillense prosigue de manera inexorable, a punto tal que ha motivado recientemente la renuncia y apartamiento de directivos por no poder modificar de raíz la situación estructural de la inocua política sanitaria provincial.
En el caso del Hospital Pasteur, los trabajadores piden de manera explícita al Gobierno:
* Reapertura de discusión salarial.
* Nombramiento de personal.
* Pase a planta de los contratados y monotributistas.
* Reparación urgente de la aparatología existente.
* Compra de insumos y ropa de trabajo indispensables para el funcionamiento de los hospitales.
Como verán, los pedidos de los trabajadores no son estrafalarios, sino más bien conducentes a una mejora en la calidad del servicio que se presta y que va a propender inmediatamente en una mejora en la calidad de vida de todos aquellos que allí se atiendan. ¿Tanto cuesta entender y ligar esta situación de colapso real del sistema de salud de Córdoba con una ejecución urgente y eficaz de políticas comprometidas en los derechos humanos para todos los cordobeses?
Por último, me gustaría difundir que la comunidad profesional que desempeña sus servicios en el Hospital Regional Pasteur ha sido víctima además de maniobras políticas poco afortunadas, por parte de políticos que responden al gobernador De la Sota en la región, haciendo promesas de soluciones mágicas y cayendo en ardides temporales que lo único que han generado ha sido el malestar de los trabajadores que son el verdadero y real sostén del Hospital, para que éste siga funcionando en la actualidad.
Lejos han quedado las promesas de campaña, donde se almacenaban las propuestas de un mejor porvenir para un caduco edificio hospitalario. Hoy la realidad demuestra que no sólo no hubo interés de mejora, ni de cambio, para los trabajadores del sector y para la población en general de esta parte importante de la provincia de Córdoba, sino que sólo fue el mezquino afán de retrasar los pedidos a gritos de una comunidad de trabajadores que sabe de la gravedad de la situación por la demanda y la necesidad social reinante en un sistema totalmente burocrático, obsoleto y carente de respuesta, como es el sistema implementado desde hace más de una década en nuestra provincia, en materia de salud.
(*) Legisladora provincial por el Departamento Unión, del Frente Cívico