El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba confirmó ayer que los empleados judiciales percibirán un bono extra de 1.000 pesos durante el corriente mes, similar al que fue concedido el lunes al resto de los trabajadores de la administración pública provincial.
Por medio de un comunicado oficial, el TSJ, que preside Carlos García Allocco, informó que “el personal perteneciente a las categorías 27, 28 y 29 percibirá un bono de 1.000 pesos en el transcurso del mes de diciembre”.
De acuerdo con fuentes judiciales, el aumento incluye a todos los empleados, pero no a los funcionarios judiciales y magistrados (prosecretarios, secretarios, fiscales, defensores y jueces) que están equiparados salarialmente con la Justicia Federal.
Antenoche, el Gobierno cordobés y los principales gremios estatales habían firmado un acuerdo, en virtud del cual la mayoría de los empleados públicos recibirá un bono extra de 1.000 pesos, que será cobrado el próximo 23 lunes y que obligará a la administración a desembolsar 120 millones de pesos.
El ministro de la Gestión Pública, Manuel Calvo, aseveró que el Gobierno “hará un gran esfuerzo para beneficiar a 140.000 empleados”, por lo que instó a estos servidores públicos, que cobrarán “el próximo 23 del corriente”, a que “redoblen los esfuerzos en los puestos que desempeñan, para restablecer la paz social”.
Calvo firmó una acta con los representantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), en virtud de la cual los trabajadores agrupados en ese gremio “percibirán 1.000 pesos y los pasivos 500 pesos”.
Mientras tanto, el funcionario especificó que, con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), con la que también se firmó un acta, “se acordó un bono de 800 pesos para todos, empleados activos y pasivos”.
Pese a los acuerdos sellados, los trabajadores del sector de la salud provincial, agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), continuaron ayer con las asambleas y la toma pacífica de los hospitales, al rechazar el bono navideño acordado por el Gobierno provincial con los estatales y docentes.
El secretario de Prensa de ATE, Daniel Pawluchuzk, manifestó que el gremio pretende un “aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo y no un bono, por única vez, que para nada soluciona los problemas salariales de los trabajadores”.
A partir de esta postura, el sector continuó con la ocupación de los hospitales Rawson, de Niños, San Roque, Cáceres de Allende, Córdoba, Misericordia, Maternidad Provincial y Neuropsiquiátrico, al igual que los centros de salud IPAD y Casa del Joven.
Mientras tanto, también definieron que se sumarán a la movilización nacional que, para mañana, convocaron ATE y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
“El bono no nos conforma, no es suficiente de ninguna manera. Si los salarios estuvieran más cercanos a la canasta familiar, lo podríamos evaluar, pero en realidad viene a recomponer la caída de los salarios, no los salarios en sí. Nosotros necesitamos llegar a la canasta”, aseguró la delegada sanitaria Virginia Lázaro.
En ambos casos, tanto ATE como la UTS reclaman una recomposición salarial que equipare el salario básico inicial con la canasta familiar; pase a planta permanente de monotributistas y contratados; defensa de la salud pública y la urgente provisión de medicamentos e insumos para el normal funcionamiento del sistema hospitalario.
“Quiebre”
El ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Walter Saieg, reconoció ayer que lo sucedido en Córdoba los días 3 y 4 de diciembre, cuando la fuerza provincial se acuarteló, produjo “un quiebre” en la sociedad.
“Se ha quebrado algo en la sociedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es recomponer esto poniéndonos a dialogar con todos, sin descuidar las medidas de prevención”, aseguró el funcionario a la prensa.
Tras destacar que hay que retomar la senda de “los valores con mucha fuerza”, Saieg, que presta funciones desde la semana pasada, insistió en que asumió en el cargo “con mucha responsabilidad y con la convicción de que hay que dialogar con todos”.
Por otra parte, el ministro aseveró que “sólo hay rumores” de disturbios y agregó que se dispuso un “operativo que supondrá una mayor custodia y prevención policial” el 20 de diciembre, cuando se conmemorará un nuevo aniversario de las protestas y posterior represión que siguieron a la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa.
El lunes, en la misma dirección que Saieg, el nuevo jefe de la Policía, Julio César Suárez, había manifestado: “Pedimos disculpas y nos sentimos avergonzados”.