Se realizó ayer una nueva asamblea en el Hospital Pasteur, donde los trabajadores resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy y mientras tanto, continuar con la medida de fuerza que consiste en la atención de urgencias y emergencias solamente.
En el encuentro, los dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) instaron a levantar la medida, dado que habían conseguido un bono de fin de año y otras conquistas.
Sin embargo, los trabajadores entendieron que la medida de fuerza comenzó en agosto de este año pidiendo el contrato para los trabajadores facturantes, hecho que todavía no se cumplió y por lo tanto, debían seguir adelante con la protesta.
Ante la falta de acuerdo, decidieron pasar a cuarto intermedio hasta hoy, donde analizarán si el conflicto continúa o no.
Arnaldo Molina, de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , señaló que el conflicto se inició “por el reclamo contra la precarización laboral, que hace que muchos médicos renuncien o busquen otros destinos, algo insólito en la historia de nuestro Hospital”.
Recordó que las medidas se intensificaron, cuando fue generalizada la falta de insumos “hecho que aún no se solucionó del todo”, a pesar de que en comunicación con autoridades del Pasteur, le indicaron que llegó una importante partida de fondos para adquirir los insumos que faltan.
“El bono ayuda, pero no es el eje de nuestro reclamo”, puntualizó Molina, avalando la continuidad de las protestas. Cabe señalar que en Córdoba, ATE continúa con tomas de hospitales públicos y el jueves realizarán una asamblea de delegados del área de salud, partiendo del Polo Sanitario.
En un comunicado firmado por María Teresa Romero, secretaria general de ATE a nivel provincial, indican que “los trabajadores dejaron sentado que el plan de lucha iniciado en septiembre pasado nunca pretendió lograr un bono de fin de año, acordado por un solo gremio, sino un aumento salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo, ocasionada por el proceso inflacionario”.
AGEPJ: Judiciales en compás de espera
Jorge Montes, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) Villa María, dijo que esperan que a ellos también les depositen el bono de fin de año, aunque el eje del conflicto que ellos iniciaron desde hace meses es por la porcentualidad y en ese punto aún no hubo avances. Reconoció que pese a que el gremio impulsó una medida de continuar el trabajo a código, no hubo mucho acatamiento. “Es que los trabajadores están soportando importantes descuentos. El último mes, según estudios de nuestro gremio, nos descontaron en total unos siete millones de pesos y paradójicamente, el costo que representó al erario público el incremento de los magistrados es de ocho millones. Parece que se cobran los aumentos con lo que nos descuentan”. concluyó.