En la última sesión del año los ediles aprobaron por mayoría el convenio celebrado por el Ejecutivo con Laboratorios Elea SACIF y A para proceder a la devolución de  438.367,75 pesos en el marco del denominado impuesto a la valija. 

En la reunión, celebrada al mediodía y en la que trataron además el aumento del transporte y el agua, el concejal Darío Capitani fue el único en rechazar el pacto que será abonado en nueve cuotas, en tanto, estuvieron ausentes Mario Beltrami y Georgina Etchegaray.

El presidente del bloque Unión por Córdoba Frente para la Victoria, Rafael Sachetto, tomó la palabra para hacer la historia del impuesto a la valija.

 “El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) desde el 2000 y hasta 2008 llevó adelante procedimientos de determinación de deuda a empresas de extraña jurisdicción que ejercen actividad comercial o de servicios en la ciudad.

La política fue exitosa, logrando que la mayoría de las empresas fiscalizadas a lo largo de los años reconocieran la pretensión del municipio, pagaran la deuda liquidada y se convirtieran en contribuyentes, efectuando la correspondiente inscripción y pagos mensuales, renunciando a todo planteamiento judicial posterior”, empezó manifestando el edil.

Seguidamente, recordó que a partir de 2009 y luego del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Laboratorios Raffo SA contra Municipalidad de Córdoba”, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba cambió su criterio en cuanto a la procedencia del tributo municipal en cuestión. “Desde entonces, el municipio dejó de efectuar liquidaciones a las empresas de extraña jurisdicción, hasta tanto quedara firme el criterio judicial.

El DEM fue prudente, responsable y respetuoso en su accionar, suspendiendo el cobro de la tasa de referencia desde 2009. Con igual criterio se decidió firmar con Laboratorios Elea SACIF y A este convenio, para evitar mayores costos innecesarios”, concluyó, al tiempo que explicitó que se reconoce a favor del laboratorio la suma de 438.376,75 pesos, que se abonarán en nueve cuotas mensuales y consecutivas.

Por su lado, la concejala de la Unión Cívica Radical, Nora Landart, recordó que en 2013 solicitó un pedido de informes por este tema peticionando el listado de las empresas y los juicios, aunque no tuvo respuestas.

“No se puede hablar de una política exitosa cuando éstas no se ajustan a derecho”, afirmó.

Su bloque votó a favor por considerar que “es una actitud responsable que los gobernantes se hagan cargo” de este tipo de cuestiones.