“La gran pregunta es cuántas empresas hay en las mismas condiciones que Laboratorios Elea. No sabemos a qué firmas se les cobró este tributo, pero este acuerdo le da pie a todos a que vengan en fila”, expresó la concejala de la UCR Nora Landart, al referirse al convenio logrado entre el Ejecutivo y Laboratorios Elea por el “impuesto a la valija”.
“Acuerdos como éstos van a empezar a venir de parte de todos a los que les cobró indebidamente. El tema está en cuántos juicios van a venir a partir de esto y que van a significar mucho dinero, porque el municipio no termina de blanquear cuántas son las empresas a las que se les cobró en esos ocho años”, insistió la edil, días después de aprobarse la ratificación del convenio entre ambas partes.
La Municipalidad de Villa María y Laboratorios Elea llegaron a un acuerdo el 18 de noviembre pasado, que fue ratificado el 30 de diciembre. Por dicho convenio, el municipio le devuelve a la firma la suma de 438.367,75 pesos por el “impuesto a la valija”, que serán pagados en nueve cuotas.
“A los 438 mil pesos que se le paga a Elea hay que sumarle los honorarios del abogado del laboratorio, Gerardo Viramonte, que ascendían a 172 mil pesos y, como el letrado decidió hacer un descuento del 25%, se le abonará 109.594,18 pesos más IVA, que suman 132.608,95 pesos”, indicó Landart.
“¿Cuánto nos termina costando entre honorarios y lo que tiene que devolver el municipio?”, se preguntó y aclaró que su bloque acompañó la ratificación de este convenio “porque esta gestión tiene que hacerse cargo de sus propios fallos y pagar los errores que cometió”.
Crónica de una muerte anunciada
“En junio de 2013 el bloque de la UCR le hizo al intendente un pedido de informes para que detallara a qué empresas, que no tienen asiento físico en la ciudad, el municipio había intimado y cobrado la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio. Preguntamos también los montos que podían ser sujetos a devolución por cobros indebidos, si se habían iniciado juicios por el llamado ‘impuesto a la valija’, cantidad, estado de los mismos, montos en cuestión y hasta el día de hoy no lo respondió, como tampoco se contestaron las solicitudes de los tribunos de Cuenta”, señaló.
“No hay que desatender los argumentos esgrimidos en distintas oportunidades por los tribunos Francisco Maritany y José Naselli, que rechazaron el pago de órdenes por 55.497,73, 95.388,55, 53.027,58 y 91.618,78 para el estudio jurídico Villegas Ninci y Aguirre Mosquera, que finalmente se pagaron”, sostuvo Landart.
“Se modificó la Ordenanza General Impositiva (OGI) con tributos que no se ajustan a derecho, con esto queda demostrado. Nuestra Carta Orgánica dice que no hay ninguna legislación local que pueda ir en contra de la legislación nacional o de mayor jerarquía, es un principio de armonización del derecho”, aseguró la edil.
“Se los señaló el Tribunal de Cuentas y nosotros veníamos advirtiendo cómo iba a ser el desenlace, estos juicios por impuestos eran la crónica de una muerte anunciada”, afirmó.
Cataratas adversas
Naselli y Maristany vienen advirtiendo desde hace tiempo por la “catarata de sentencias adversas” que podría enfrentar el municipio por las demandas judiciales de empresas que cuestionaron la procedencia del tributo conocido como “impuesto a la valija”. A la par, anticipaban que los resultados adversos en los juicios podrían poner en jaque a las finanzas municipales.
En junio, los tribunos se quejaron de que de parte del municipio “hay un muro de silencio que coarta la labor de control” y aseguraron que después de sus alertas, los fallos obligan a la comuna a devolver “ingentes sumas más los intereses devengados desde el instante mismo en que las empresas reclamantes se vieron obligadas a pagar”.
En ese momento, solicitaron el listado completo de las causas judiciales contra el municipio y el estado de las mismas. Además, cuestionaron que se pagaran “nutridos honorarios judiciales” por las sucesivas etapas de las demandas, que engrosan los montos.
Héctor Villegas Ninci, quien asesoró a varias comunas -entre ellas, la nuestra- para cobrar impuestos a empresas que, sin tener una base local, vendían y recaudaban en sus jurisdicciones, haciendo uso de servicios prestados por el municipio, aseguró que “la Municipalidad de Villa María no va a tener que devolver ni un peso”.
Lo hizo en diciembre de 2011, justamente contestando las predicciones de Naselli y Maristany.