Dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y huelga que realizó la Policía provincial.
El fiscal Raúl Garzón dispuso la medida contra diez personas, mientras que su par José Mana hizo lo mismo respecto de otros 25 imputados, según se conoció ayer.
Al dictar las prisiones preventivas, Mana aseguró que los imputados "se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial".
El fiscal consideró "particularmente grave" lo sucedido, porque se perjudicó "la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia".
"Como principales razones tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado", dijo Garzón por su parte, con respecto a las imputaciones adoptadas.
"Las particulares circunstancias en que se produjeron estos robos calificados hicieron que se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común", manifestó.
Garzón tuvo en cuenta en el momento de imputar o de disponer preventivas, el hecho de que "muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente".
De acuerdo con el fiscal, la decena de imputados que, en su caso, se encuentra con prisión preventiva, pertenece a "los casos más graves" de los 80 que se están investigando.
Vínculos
En tanto, las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos junto a Garzón y a Mana, tienen que resolver la situación de 75 y 30 personas, respectivamente.
Los fiscales avanzan con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se subieron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.
Al comienzo de la investigación se detuvo a cerca de 200 personas, muchas de las cuales obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen imputadas por diversos delitos. Garzón reveló que no hay ningún miembro de la Policía detenido ni acusado, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza.
Trabajadores de la salud continúan la protesta
En Córdoba, los trabajadores de la salud continuarán hoy con las protestas que vienen realizando, en el marco de un plan de lucha por mejoras salariales y otras reivindicaciones referentes a las condiciones laborales.
La medida es promovida por los empleados agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y consiste en mantener sólo las guardias mínimas, seguir con el estado de alerta permanente y el quite de colaboración.
La protesta afecta particularmente a los hospitales Rawson, de Niños, San Roque, Tránsito, Córdoba, Neonatal, Misericordia, IPAD, Casa del Joven, Oncológico y la Maternidad Provincial.
Los gremios reclaman la reapertura de la discusión salarial, el pase a planta de los contratados y monotributistas, así como el nombramiento de personal para cubrir los planteles de los servicios.
