Escribe: Jesús Chirino


Transcurría la temporada estival de 1932/33 cuando fue cometido uno de los secuestros extorsivos de mayor repercusión en la historia del país. Se trató del caso en el cual la principal víctima fue Abel Ayerza, joven aristócrata estudiante de medicina que, luego de ser secuestrado en la localidad de Marcos Juárez, terminó asesinado por sus captores en la localidad de Corral de Bustos. Algunos de los implicados en el caso estuvieron detenidos en Villa María. Desde la historia puede repasarse los principales hechos del delito, pero también cómo el mismo, a partir de la cobertura que le dio la prensa, se articuló con un discurso que pedía el endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal de la Nación.

Los hechos

En la noche del 23 de octubre de 1932 el joven Ayerza salió del cine de Marcos Juárez y regresaba a la estancia de su familia. Junto a él iban sus amigos Santiago Hueyo y Alberto Malaver y el capataz del establecimiento rural, Juan Boneto. En el camino fueron interceptados por cinco sujetos fuertemente armados que les preguntaron quién era Ayerza, cuando Abel se identificó fue obligado a ir con ellos, junto a Hueyo que era hijo de Alberto Hueyo, ministro de Hacienda del Gobierno nacional presidido por Agustín Pedro Justo que, recordemos, en 1932 había ganado las elecciones gracias al denominado “fraude patriótico”.
De inmediato el secuestro tuvo gran repercusión periodística. Cuando los captores entendieron quién era Hueyo lo liberaron rápidamente. Sectores de la prensa, como el diario “El Orden” especulaban que los captores pretendían que el hijo del ministro sirviera de correo para entregar el dinero para rescatar a Ayerza. A pocos días fueron detenidos peones de la estancia “Calchaquí” de los Ayerza, dado que según el administrador, los secuestradores parecían ser “criollos” de la zona. Luego los trabajadores del establecimiento rural fueron liberados, la Policía parecía no tener pistas firmes y no las tendría por mucho tiempo. En relación al monto solicitado por los delincuentes circularon diferentes cifras, si bien la más aceptada es la 120.000 pesos, en el mencionado diario “El Orden”, el 25 de octubre, dijo 200.000 pesos, en otro momento se publicó que eran 150.000. Lo concreto es que la familia Ayerza efectivizó el pago con la esperanza de lograr la liberación de Abel, pero las cosas se cruzaron y es conocido que falló la comunicación entre los captores y un mal entendido llevó a que el secuestrado fuera asesinado en Corral de Bustos.
Aquí la historia ingresa en una zona en la que se entrecruzan varias versiones, una de ellas es la que sostiene que una mujer de la banda, desde Rosario, despachó un mensaje por telégrafo que fue recibido en Corral de Bustos por otra mujer de la banda que tendría el apellido D´Alera. Como había tormenta el telegrafista en lugar de “manden el chancho” entendió “maten el chancho”. Fue así que en lugar de llegar la clave para la liberación, dado que se había pagado el rescate, Ayerza fue asesinado con una arma de fuego. Más allá de la exactitud de las versiones que explican la confusión, la historia ha hecho que desde aquel tiempo en la jerga de los secuestradores y la Policía se entienda que cuando se habla de “chancho” se hace referencia al secuestrado. En estos días la denominación “chancho” fue registrada en una de las escuchas realiza en el resonante “Caso Bergara”.

Contexto

Más adelante volveremos con detalles del secuestro, ahora señalamos algunos datos del contexto histórico en el que se dio el mismo. Datos que permiten entender la trascendencia del mismo.
A principio de la década del treinta del siglo pasado los secuestros extorsivos no eran un tipo de delito desconocido, en especial en la provincia de Santa Fe y zona de influencia, ya que Rosario era centro del accionar de mafias de origen siciliano establecidas en el lugar. Esto hacía que los delitos cometidos por bandas armadas, que se desplazaban en automóviles, fueran parte del paisaje delictual de aquellos años. En este marco se produce el secuestro de Ayerza, que fuera interpretado como una manifestación del incremento de una modalidad criminal que, por la espectacularidad de los hechos, eran parte de la información cotidiana de la prensa. Puede verificarse esto, por ejemplo, en los diarios “Santa Fe” o “El Orden” de esa provincia. Parte del periodismo había descubierto esta forma delictiva, dándole gran repercusión, a partir del secuestro de Jaime Favelukes, prestigioso médico miembro de la comunidad judía y de la alta sociedad de Buenos Aires.
Desde ciertos sectores sociales el incremento de este tipo de delitos fue visto como consecuencia de la derogación de la pena de muerte en el año 1922, por ello el caso Ayerza tendría especial repercusión en la discusión de un endurecimiento del Código Penal. La propia Policía compartía y aportaba datos a esa interpretación. Aunque debe tenerse en cuenta lo sostenido en la obra de Lila Caimari “La Ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires -1870/1940-” donde, acerca de esa interpretación de la delincuencia en los ´30 se dice que “…las estadísticas de la Policía de la Capital reproducen muchos de los problemas de interpretación propios de la tradicional práctica de manipulación de los datos por las autoridades policiales que las elaboran, máxime cuando de dichos números dependía su futuro en la institución”.
De todas maneras la Policía proporcionó material para estructurar el discurso de una derecha liderada por hombres aristocratizantes, muchos de ellos adherentes al fascismo. Recordemos que las policías provinciales veían con buenos ojos o directamente participaban en los actos fascista de la época. Comportamiento al que no escapaba la Policía de Santa Fe y la de Córdoba -ver la nota 149 de este mismo suplemento publicada el 12/10/08.

Los extranjeros enemigos

A dos meses de secuestrado Ayerza, cuando aún no se conocía el trágico final de la vida del joven, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de reforma al Código Penal proponiendo la figura de la institucionalización “pre-delictual” y la expulsión de extranjeros en “estado peligroso”. En la Legislatura se agregó al proyecto el reestablecimiento de la pena de muerte. Cuando la norma fue tratada en el Senado a tres meses del sepelio de Ayerza, el debate mostró cómo un delito común, en un contexto histórico determinado, era utilizado políticamente para atacar el Código de 1922. Traduciendo a los términos actuales de estos debates, en el caso Ayerza se usó para justificar el discurso de la “mano dura” propiciada por los uriburistas y la derecha en general. Fue tan así que en el debate se consideraban iguales las mafias organizada por sicilianos en Rosario, responsables del secuestro, otros grupos de delincuentes comunes, los comunistas y los anarquistas expropiadores. Todos eran considerados “enemigos de la Nación”. El proyecto de Código de 1933 fue aprobado en el Senado, pero nunca llegó a remplazar el vigente dado que en Diputados quedó en claro que era un aberración jurídica.
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