La atención de la salud pública en la provincia de Córdoba continúa resentida ante distintos reclamos de los trabajadores, tanto de índole salarial, por despidos o por falta de insumos.
En la capital provincial, en casi un centenar de dispensarios barriales la atención se presta en forma restringida por el rechazo de su personal al despido de un compañero.
En los 96 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), que dependen de la Municipalidad, se mantiene la ocupación pacífica, se realizan asambleas de dos horas por turno y también están suspendidas las consultas programadas, según lo dispuesto por el gremio que los nuclea.
Darío Sánchez, secretario de Salud del SUOEM, ratificó que en los CAPS se atienden “sólo las cuestiones emergentes”.
“Si alguien necesita una vacuna, anticonceptivos y preservativos, se los dará. También se atenderá a aquellos que lleguen con fiebre, dolor de garganta o malestar de estómago, por poner ejemplos. Pero las consultas programadas y los análisis de rutina no se realizarán”, explicó.
La medida se extiende al Hospital Infantil Municipal, también con medidas de fuerza, y a la Dirección de Atención Primaria de la Salud, ubicada en el centro de la ciudad, con una ocupación pacífica.
A esto se suman trabajadores del Palacio Municipal, el Tribunal de Faltas, el Registro Civil y la Dirección de Cultura, que reclaman por la cesantía de trabajadores contratados.
Desde el SUOEM señalaron que el principal motivo de las medidas de fuerza que se fueron incrementando y que podrían redoblarse en las próximas horas es la cesantía de algunos contratados por una “persecución política”.
Como respuesta, el Ejecutivo municipal señaló que se trata de personas a las que se les acabó el contrato y fueron notificadas respecto a la no renovación del vínculo laboral.
En la provincia
Por otra parte, y a nivel provincial, se mantiene el conflicto en hospitales por diversos reclamos, especialmente salariales, aunque la situación podría revertirse si la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) accede al pedido del ministro de Salud, Francisco Fortuna, de que suspendan las protestas para iniciar las negociaciones.
En asamblea de delegados se considerará hoy la propuesta oficial, mientras que en los hospitales públicos sólo se atienden emergencias y hay guardias mínimas.
Mientras se suceden las protestas, entidades nucleadas en la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC), manifestaron su “profunda preocupación” por la situación del sistema de salud y alertaron que “la crisis de la salud pública en Córdoba debilita uno de los derechos fundamentales de la población”.
“Nuestra posición es la de apoyo a los profesionales que reclaman por la falta de insumos, por la escasez de recursos humanos, por los salarios magros y por el incumplimiento de la Ley 7.625 que regula la actividad de los equipos de salud”, indicó la entidad.
Entre los colegios de profesionales que suscriben el comunicado figuran bioquímicos, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, enfermeros, fonoaudiólogos y psicopedagogos.