En vísperas de fin de año, la ciudad de Oliva se vio envuelta en una polémica suscitada por el despido de un docente y un preceptor en el Instituto Privado Sagrado Corazón.

Se trata de Jorge David Rossi y Mariano Donolato, quienes se desempeñaron en forma continua hasta el 28 de diciembre como profesor y preceptor, respectivamente. Rossi hacía tres años que ejercía allí su cargo, mientras que Donolato lo oficiaba desde hace ocho años.

A través de las redes sociales el caso cobró otra envergadura, cuando se difundieron trascendidos de supuestas causas que habrían llevado a las autoridades del colegio a echar a sendos trabajadores. Hasta que, días atrás, se accedió a una carta firmada por ambos profesionales con pedido de audiencia y con carácter de “urgente”, dirigida a la Diócesis de Villa María, que está presidida por el obispo Samuel Jofré Giraudo.

En la misiva, los exempleados señalan que “fueron despedidos sin invocación de causa por parte del cura párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y a su vez representante legal del establecimiento educativo, Mariano Carlos Pérez”.

Asimismo, puntualizan que fueron “dos despidos-represalias que reconocen su origen en el acoso sexual del cual fueron víctimas por parte de un superior jerárquico (Pérez), el cual ha exhibido en sus perjuicios un comportamiento de carácter sexual no deseado y que ha sido el condicionante de la medida rescisoria ‘antifuncional’ adoptada en contra de los dicentes, ya que no es lo mismo despedir sin causa que discriminar a través de los despidos, siendo esto incuestionable, puesto que no existió ni reestructuración de personal y que sus antecedentes laborales son óptimos, ya que nunca han sido pasibles de sanción disciplinaria de índole alguna”. 

A la vez, agregan que “durante la vigencia de la relación de empleo, el ofensor generó un clima de trabajo intimidatorio y humillante para sus personas. Este presbítero exteriorizó insinuaciones sexuales o proposiciones indirectas a modo de chantaje sexual, con exhibición de material fotográfico donde él mismo estaba sólo cubierto en sus partes pudendas con una minúscula prenda y de material fílmico de explícito contenido gay o seguimientos en su vehículos y demás actos que evidencian una connotación inequívocamente libidinosa e impropia, más aún tratándose de un religioso y autoridad de un establecimiento educativo. Dicho superior ha manifestado y exhibido una conducta abusiva y ofensiva hacia sus personas, ya que sus comportamientos, palabras, actos y gestos invariablemente han tenido una insinuación sexual y lujuriosa que atenta contra la personalidad, dignidad e integridad psíquica de los dicentes y que conscientemente degradó el clima de trabajo. Ello constituye violencia laboral y más específicamente acoso sexual, siendo tales actos repetitivos y continuos y en su mayoría constituidos por solicitud implícita de favores sexuales lo que viola la Ley Nº 23.592”.

“Es obvio que ante sus negativas y rechazos a tal grado de abuso psicológico a su persona éste adoptó la decisión rupturista, por lo que, siendo tal despido discriminatorio, sus efectos deben cesar”, procedieron mediante cartas documento a intimar a dicho representante legal del instituto para que en el plazo de dos días procediera a la reposición y reintegro a sus puestos de trabajo.

“Por último, debe quedar en clarividencia que sus voluntades son las de seguir laborando en dicha institución educativa porque son sus deseos y vocaciones considerando que ambos soñaron transmitir a los educandos los elementos para formar una sociedad más justa y mejor que vaya en pos de la excelencia en el servicio educativo, que hoy se ven truncados tendenciosamente. Este sacerdote no sólo ha dañado a los docentes como víctimas, sino a sus familias y, en especial, ha inferido un daño a toda la comunidad religiosa de Oliva a raíz de los actos, de las conductas indeseables y no queridas desplegadas por este religioso”, concluye la misiva.