“Ellos viven así, están acostumbrados”. Así quería explicar Carmela Gallardo, propietaria de una quinta en Cárcano, la razón por la que mantenía a cuatro familias de bolivianos viviendo en chozas, sin agua potable, gas ni electricidad.

La grave irregularidad fue detectada el 15 de enero en una inspección realizada por la delegación Villa María de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia.

Cuando llegaron a la quinta ubicada en Cárcano, encontraron algo peor que lo que suelen observar en las inspecciones. La gravedad de lo que vieron iba más allá del trabajo no registrado. “Era lamentable y doloroso ver cómo vivían los trabajadores y sus familias, en una choza improvisada con las lonas de los silo bolsa”, indicaron Jorge Vázquez y Jerónimo Pérez, delegado y subdelegado del gremio.

En total, registraron a 11 adultos que trabajan en el lugar “de sol a sol y de lunes a lunes” por una paga mínima y en negro, es decir, sin ninguna seguridad social. Además, en el momento de la inspección pudieron observar a media docena de niños que estaban al cuidado de la mayor del grupo, de apenas 11 años, dado que sus padres estaban realizando tareas en el campo de 10 hectáreas que alquila Gallardo para la producción de vegetales.

Ante ese panorama, desde el gremio pidieron que como primera medida, se tomaran los recaudos para mejorar el hábitat de los trabajadores. “No es tanta inversión, porque pueden conseguir una casilla e instalar una cisterna con agua, que es lo mínimo, para que puedan vivir mejor hasta que levanten unas piezas”, dijeron los dirigentes gremiales.

Sin embargo, cuando la propietaria de la quinta -no de la tierra- se presentó a la audiencia del Ministerio de Trabajo realizada el último 20 de enero, no sólo que no planteó un programa de mejoras en las condiciones habitacionales de la gente, sino que dijo que los ciudadanos bolivianos que allí viven no son empleados suyos, sino “socios” y que viven así porque “están acostumbrados”.

“Llegaron a decir que cocinan con fuego porque las comidas las sienten más sabrosas. La verdad, que nos pareció una burla, porque ellos viven en una casa cerca, y tienen que ver a la abuela que se encarga de cocinar, la que tiene que caminar unos 400 metros con un bidón para buscar agua potable, encender fuego y cocinar con estos calores que son realmente insalubres. No es por costumbre, es porque no tienen gas ni agua y por supuesto, tampoco electricidad”, apuntó Vázquez.

Cabe señalar que la propietaria del emprendimiento hortícola se presentó en la audiencia acompañada por el abogado Eduardo Andrés Dolman.

“La próxima audiencia será el 30 de enero. Para esa fecha, deberán tener toda la documentación de los trabajadores y les exigiremos que cumplan”, indicaron.

Cabe señalar que desde UATRE, aguardaron antes de hacer pública la situación de los quinteros que inspeccionaron, porque tenían la esperanza que en la reunión realizada en el Ministerio, lograran una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Pero, al encontrarse con la negativa de la propietaria, no dudaron en seguir todos los pasos habituales para estos casos.

 

 Quinteros, incorporados

 

Cabe señalar que en la última escala salarial de UATRE, se incorporan a los quinteros con un salario específico, que es levemente superior al del peón rural.

Según la escala actual, el trabajador se debe desempeñar de lunes a sábado hasta el mediodía y si se desempeña laboralmente el fin de semana o durante los feriados, debe percibir el 100% del jornal.

El salario mensual del quintero es de 4.737 pesos y el jornal está fijado en 208,46 pesos. “Sin embargo, a los trabajadores del lugar le llegaron a pagar por familia, 400 pesos a la semana”, indicaron los dirigentes de UATRE.

Pérez explicó que el sistema de pago aplicado en el lugar es “a porcentaje” y evidentemente, acordado de “palabra” porque hasta el momento no presentaron nada que acredite esa condición de “socios” que argumentaron en la primera reunión. 

“El trabajador hace todo el proceso desde la siembra, el control de malezas, el riego y la cosecha, hasta el embalaje de las verduras. Recién allí, el propietario las lleva al mercado y les da el 35% de lo que cobra, según les dicen”, agregó.

Eso hace que en algunas semanas el pago sea de 1.200 pesos para las cuatro familias, es decir, para 11 adultos trabajando de sol a sol, no pudiendo recaudar más que 400 pesos para cada grupo familiar.

 Desde que están incluidos los quinteros en la escala, el gremio realizó inspecciones en varias quintas y si bien en muchas encontraron problemas de registración “esta es la primera en que vemos que vivan en esas condiciones”, indicaron.

Piden a los trabajadores que denuncien si las patronales no cumplen con lo exigido por ley para los empleados del sector.