La historia de cuatro familias de trabajadores provenientes de Bolivia, que viven en una choza hecha con lonas de silo bolsa en la misma quinta en la que trabajan de lunes a lunes y de sol a sol, fue tomada de oficio por la Fiscalía Federal de Villa María.

Beatriz de Césaris, fiscal Federal ad hoc, habilitó la Feria ayer para iniciar la investigación tras conocer el hecho por la publicación de EL DIARIO.

En diálogo con nuestro medio, De Césaris indicó que inició el expediente “tal como lo establecen las directivas de la Procuración en el marco de la Ley del Ministerio Público, que es la 24.946” en procura de determinar si hay o no trata de personas con fines laborales.

El primer trámite del expediente es el oficio enviado al Ministerio de Trabajo de la Provincia, delegación Villa María y el girado a la delegación local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Desde esos organismos ya facilitaron la documentación de la inspección laboral realizada el 15 de enero y la de la primera audiencia en la que la propietaria de la quinta, Carmela Gallardo, dijo que los trabajadores no eran sus empleados sino sus “socios”, pero no adjuntó documentación que acredite tal situación contractual.

“Hemos dispuesto otras medidas urgentes tendientes a conocer si se trata de una irregularidad laboral o de un delito de trata de personas”, indicó.

 

El caso

 

A raíz de una inspección laboral, UATRE y el Ministerio de Trabajo detectaron a cuatro familias de trabajadores que viven en pésimas condiciones en una quinta ubicada en Cárcano, explotada por Carmen Gallardo.

El grupo relevado incluye a 11 adultos y al menos media docena de menores que en el momento de la inspección no estaban trabajando en la quinta.

Lo que más preocupó al inspector laboral y a los dirigentes del gremio fue las condiciones de vida de los cuatro grupos familiares, quienes están hacinados en una choza improvisada con una lona de silo bolsa, que en las calurosas jornadas de este verano hacían imposible la permanencia dentro del lugar.

Para obtener agua potable, deben caminar unos 400 a 500 metros, dado que no tienen en la “casa”, la mínima instalación sanitaria.

Sin baños, ni luz eléctrica ni gas, las condiciones de vida son paupérrimas.

El gremio convocó a Gallardo a una audiencia, solicitando que mejore el hábitat de los trabajadores como primera medida. Sin embargo, en el encuentro del que participó la mujer junto al letrado Eduardo Andrés Dolman, indicaron que “ellos -los trabajadores- están acostumbrados a vivir así”. Cabe señalar que la propietaria de la quinta -no de las tierras- es también de nacionalidad boliviana.

El otro tema de preocupación es el pago por la tarea que realizan, dado que se abona de manera informal un porcentaje (el 35%) de lo comercializado en el mercado.

Esto hace que en algunas semanas, Gallardo traiga 1.200 pesos para todos, es decir, menos de 400 pesos por familia.

Esta cifra dista mucho del salario fijado para los quinteros, actividad incorporada en la escala de UATRE, en la que el salario mensual es de 4.737 pesos por un trabajo que prevé descanso de fin de semana y feriados, como así también vacaciones y seguridad social, algo que no tienen los quinteros de Cárcano.

 

Otros hechos

 

En la Fiscalía Federal de Villa María se ventilan otros casos de trata de personas con fines de explotación laboral.

De Césaris informó que uno de ellos fue iniciado también en período de Feria, en enero de 2011 y tiene como imputado al propietario de un campo en Capilla del Carmen, localidad cercana a Luque.

“Ese hecho ya lo elevamos a juicio porque de la investigación surgió que las condiciones de vida de los trabajadores paraguayos que se desempeñaban en ese campo, se encuadraban dentro de los parámetros que establece la ley de trata de personas”, dijo.

El otro caso en el que intervino la Fiscalía es el de una obra en construcción ubicada en la calle Naciones Unidas de esta ciudad. “Allí cerramos la causa porque se trataba de irregularidades laborales y no de reducción a la esclavitud”, agregó.

Actualmente, están investigando otro hecho en el que intervinieron de oficio a raíz de una publicación en EL DIARIO. Allí investigan si los trabajadores argentinos y extranjeros que vivían en la obra en construcción de lo que será un lujoso edificio ubicado en Villa Nueva que desarrolla la firma CorGet SA, a la vera del Ctalamochita, estaban explotados laboralmente o no.

“Son varios aspectos que hay que tener en cuenta. El hecho de que sean extranjeros, las condiciones de vida, la paga, si tienen o no descansos adecuados. Una vez que se determinan todos esos parámetros, se archiva la causa o se eleva a juicio”, concluyó De Césaris.