Carmela Gallardo ratificó ayer en la audiencia laboral que los trabajadores registrados en una inspección realizada en su quinta son sus “socios” y no sus empleados.
Tanto el gremio (UATRE) como la propietaria ratificaron sus posiciones y el expediente será tratado ahora en la sede del Ministerio de Trabajo en Córdoba capital.
Al término de la audiencia, Oscar Barroso, abogado del gremio de los trabajadores rurales dijo que “en la audiencia anterior se habían comprometido a traer la documentación que acredita tal sociedad y hoy -por ayer- vinieron sin nada. No demostraron ni quisieron demostrar la relación contractual”.
“Me llama mucho la atención que digan que son socios, cuando una parte de la sociedad vive en condiciones tan precarias”, agregó.
Con esto, hizo referencia al resultado de la inspección laboral que registró a once trabajadores pertenecientes a tres familias de origen boliviano, quienes se desempeñaban en la quinta de Gallardo, de la misma nacionalidad.
A su vez, junto al subdelegado de UATRE, Jerónimo Pérez, ratificaron las condiciones inhumanas de vida del grupo, compuesto por esos once mayores y una media docena de niños.
“Nosotros vimos la choza, con palos y lonas de silobolsa; vimos a la abuela ir a buscar el agua para cocinar porque no tenían en el lugar; vimos que no había baño”, ratificó Pérez.
El dirigente, debió también ir a declarar a la Justicia Federal, que investiga de oficio el hecho para determinar si hay trata de personas con fines de explotación laboral.
“El gremio hizo lo que debe hacer. Ver, denunciar y pedir la registración laboral”, destacó Barroso, quien señaló que la constatación de las condiciones de vida de los quinteros la hizo no sólo UATRE, sino también personal de la cartera laboral.
“No viven en choza ni son esclavos”, dijo la propietaria
Carmela Gallardo y Eduardo Dolman, abogado de la propietaria de la quinta, dialogaron con EL DIARIO asegurando que el lunes irán al Juzgado Federal de Bell Ville para ofrecer pruebas que den cuenta que los “socios” viven en casas de material con todos los servicios y no en choza. “Y fundamentalmente, para que sepan que no son esclavos”, manifestó el abogado.
Aseguraron además que si los dirigentes del gremio no se rectifican, los denunciarán.
Cabe señalar que si bien la investigación fue iniciada de oficio en la Fiscalía Federal de Villa María, Dolman argumenta que la competencia es de Bell Ville, por lo que no duda que una vez que concluya la instrucción el expediente será llevado hacia esa ciudad del Departamento Unión.
La versión de Dolman y Gallardo es que tienen un contrato “verbal” con dos familias y que el resto, son parientes de visita.
“Ahora le pedimos que se inscriban en la AFIP para formalizar el contrato”, dijo Dolman.
En relación a las condiciones de vida, aseguró que el lugar fotografiado por UATRE es en realidad un garaje, dado que la vivienda de los trabajadores es una casa usurpada del ferrocarril, en la estación Cárcano.
Ante estas declaraciones, dialogamos con Gallardo.
-Si es un garaje... ¿por qué en las fotos se veían camas y mesas?
-Eso lo ponen ellos, o sea, lo ponen los chicos para jugar en ese lugar. Ese es un garaje que hizo la misma gente para poner su vehículo, porque ellos tienen su auto, que es un Renault 9, y una moto que es una Honda Guerrero.
-¿Dónde viven entonces?
En una casa del ferrocarril que ocuparon, al lado de la mía. Por la mía tengo el comodato, los papeles que dicen que me la prestan.
-¿Cómo es el contrato que tienen estas dos personas?
Es un acuerdo de sociedad, con Gabriel Sotto y Norma Condorí. Con la demás gente no tengo ningún trato, el resto de la gente es problema de ellos.Yo los dejé porque son parientes de ellos, yo no me meto. Yo trato con las dos personas y del resto se las arreglan ellos.
-¿Cómo es la sociedad?
Les queda a ellos el 35%.
