En la edición de ayer EL DIARIO publicó una nota en la que el vecino Mario Brussa disparó munición gruesa contra la Municipalidad, opinando que el Gobierno local tiene intereses económicos a la hora de expropiar terrenos.
Las principales críticas fueron lanzadas hacia el intendente Eduardo Accastello y hacia el actual secretario de Prevención Comunitaria y Derechos Humanos, Carlos De Falco, quien fue rotundo al afirmar que “esos terrenos fueron expropiados por medio de una ordenanza que recibió la aprobación con mayoría especial por parte de los concejales que en ese entonces tenía el Concejo Deliberante, es decir, que hubo gente de la oposición que estuvo de acuerdo. No es una cuestión personal como el señor Brussa los personificó, de ninguna manera puede decir que se trata de un negociado”.
“Ese tipo de ordenanzas son agravadas y tienen un tratamiento especial, tiene una doble lectura y requiere una mayoría agravada. Para decirlo de alguna manera, el oficialismo sólo no la puede aprobar, necesita siempre de otros concejales de la oposición”, contó.
Por otra parte, el funcionario municipal recordó que “en esos terrenos se construyeron las viviendas sociales que se encuentran ubicadas frente al hipermercado Libertad. La norma dice que las expropiaciones tienen que darse por causas de utilidad pública, es decir, que tiene que haber una causa que a criterio del Estado sea suficiente como para tomar esa propiedad, de ninguna manera el Estado puede tomar esa propiedad así porque sí”.
“En este caso en particular los terrenos se expropiaron con una finalidad de utilidad pública que fue la construcción de viviendas, en el marco del déficit habitacional y de la no utilización de la tierra”, sostuvo.
Al mismo tiempo, De Falco aseguró que “en ningún momento hubo un interés por hacer un centro comercial como lo expresó este señor, de ninguna manera. La expropiación la dispone el Concejo Deliberante por una causa y para un fin y después es el Departamento Ejecutivo el que procede a expropiar, entonces no existe posibilidad alguna de que allí se haya querido construir un centro comercial”.
“El señor no era el titular registrado de ese terreno, estaba a nombre de una sociedad. Como el titular registrado, que tiene el derecho a recibir el importe indemnizatorio, no se presentó, se le consignó el dinero a la orden del juez para que éste después resuelva lo que corresponda”, manifestó.
Finalmente, el entrevistado informó que “el municipio depositó el pago a nombre de la sociedad, pero si el señor Brussa se cree con un mejor derecho que el dueño de la propiedad, se lo tiene que reclamar al juez, no es una cuestión que afecte a la Municipalidad. No puede ser que sigan llegando impuestos a nombre de la sociedad porque el terreno está a nombre del municipio, pero sobre eso no puedo opinar demasiado porque no me consta”.
“Las pruebas están a la vista y lo que yo estoy diciendo está corroborado en los hechos con la construcción de las viviendas sociales y si se pide un informe al Registro de la Propiedad, se puede constatar que ese terreno estaba a nombre de una sociedad y no de este señor Brussa”, concluyó.
