Lejos de su tierra y sin dinero, los trabajadores bolivianos que sembraban hortalizas en la quinta de Cárcano y sus familias debieron dejar el lugar, según indicaron, presionados por Carmela Gallardo, la propietaria.

 La Justicia ordenó a la Policía buscarlos para determinar cómo están e informarles que tienen derecho a recibir protección para las víctimas de trata de personas, pero no los encontraron. 

 Toda la semana pasada visitaron la quinta y allí no estaban, estuvieron también en los cortaderos de ladrillos y otras quintas de la zona, pero tampoco los hallaron.

 El complejo hecho que comenzó a investigar la Fiscalía Federal de Villa María y que fuera remitido a Bell Ville (porque tiene jurisdicción en Cárcano) procura determinar si hubo trata de personas con fines de explotación laboral.

 Cabe recordar que todo salió a luz cuando la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizó una inspección en esa quinta junto al Ministerio de Trabajo y detectó a 11 trabajadores y una media docena de niños viviendo en condiciones inhumanas; sin agua, luz, gas y tampoco las mínimas instalaciones sanitarias.

Sumado a eso, registraron la situción laboral, dado que los mayores realizaban trabajos en la quinta de sol a sol por una paga ínfima.

 En la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, Gallardo, asesorada por el abogado bellvillense Eduardo Dolman, aseguró que esos trabajadores no eran sus empleados, sino “socios”. Sin embargo, no pudieron presentar ninguna documentación que acredite tal relación.

En ese marco, se sumó una nueva preocupación, dado que la Fiscalía Federal de Villa María recibió la información de que los trabajadores serían desalojados del lugar. Pese a que la causa la seguirá Bell Ville, dada la inmediatez de respuesta que requiere la situación de personas viviendo en esas condiciones, se ordenó la búsqueda de las familias. Hasta ahora, sin resultado.

 

La versión del abogado

 

EL DIARIO consultó con el abogado de Gallardo, Eduardo Dolman, quien dijo saber donde estaban las tres familias.

“Los Condorí siguen viviendo en la casa con agua y luz que tienen en la quinta”, dijo, en alusión a una vivienda del ferrocarril distante a unos kilómetros de la quinta.

Señaló que el 30 de enero formalizaron en papeles el contrato societario con esa familia que venían manteniendo en forma verbal. Cabe señalar que el mismo 30 de enero se realizó una segunda audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde Dolman y Gallardo no pudieron acreditar esa relación contractual.

También aseveró a este medio que la otra familia, de apellido Soto, había rescindido el contrato no escrito. “Les pagaron 9.000 pesos en concepto del porcentaje que les correspondía por lo cosechado y lo que tenían sembrado y faltaba de cosechar”, aseguró.

Dijo que con ese dinero partieron a Alta Gracia, donde familiares explotan un horno de ladrillos.

Mencionó, asimismo, a una tercera familia, indicando que también se fue de la quinta para seguir trabajando en un horno de ladrillos de esta ciudad. 

Más allá de las versiones, es aún incierto el paradero de las tres familias que viven en situación de extrema vulnerabilidad.