Escribe Alexis Aguilar (*)
Los datos de los últimos años muestran que el crecimiento económico no fue acompañado con un aumento de igual magnitud en el empleo. Por eso sigue existiendo un núcleo duro de desempleados, principalmente en el segmento de la población joven y con bajo nivel educativo, que no encuentra ni por parte de las organizaciones sindicales ni del Gobierno el compromiso de impulsar medidas efectivas que permitan lograr su inserción en el mercado laboral formal. Este grupo, conocido como jóvenes "ni-ni" (ni estudian ni trabajan), llega a rondar de acuerdo a estimaciones recientes una cifra preocupante de entre un 17% y un 24% de la población, según se adhiera al criterio del Ministerio de Desarrollo Social o al informe de la Universidad Católica Argentina.
Independientemente del número exacto en porcentaje, este grupo etario de entre 18 y 24 años de jóvenes que no estudian ni trabajan muestra graves problemas para la cohesión social. Además de la angustia y la sensación de sinsentido que acompañan a estos adolescentes que afirman no saber en quién y en qué creer, o para qué esforzarse; se convierten en una población marginal y vulnerable de ser captada por la delincuencia organizada que les ofrece oportunidades que no podrían obtener a corto plazo por la falta de educación en la que se encuentran.
Si bien este fenómeno no es nuevo, sin dudas, se ha agudizado en los últimos años. La problemática "ni-ni" se profundiza en los contextos de incertidumbre en materia económica. El desempleo y la movilidad social descendente que caracterizó a los 90 llevó a que, por primera vez en Argentina, la generación de los hijos tuviera menos calidad de vida que la de sus padres. En ese período se consolidó la tercera generación de jóvenes que no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar con continuidad. Sin embargo, el neoliberalismo de los 90 no es la única razón de la situación a la fecha: a 14 años de iniciados los 2000, los "ni-ni" siguen afuera del sistema. Si los 90 marcaron la precarización y el desempleo de los jóvenes respecto del mercado laboral, en la última década se agudizó el aumento de venta de droga en los barrios, el mayor acceso a armas y la idea de que hay caminos alternativos que parecen ser más rentables que el estudio y el trabajo.
Entendemos que el Plan Progresar para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan es una buena iniciativa y tiene la intención de llegar a una población que realmente está fuera de todo y a la que, hasta aquí, el Estado no logró alcanzar. Ahora bien, está claro que ello no es suficiente y que la sola transferencia de dinero no va a generar un cambio en las condiciones de vida de los jóvenes. Muy importante sería que los Estados locales y provinciales puedan avanzar en varias acciones que complementen la transferencia de dinero. Algunas de ellas como promoción el derecho al primer empleo a través de exenciones impositivas a las actividades productivas, acceso a créditos de montos pequeños para jóvenes a tasas subsidiadas, conformación de escuelas de oficios para la inserción de jóvenes en la economía social vinculada a la producción local, fomento de centros de tutores con referentes locales, profundización del combate a la venta de drogas en barrios, promoción de las escuelas de oficios técnicos locales, jerarquización de contenido y recursos en las áreas de juventud, entre otras, reforzarían el objetivo político.
El Gobierno comprendió efectivamente que existe un vacío grande en el vínculo con los jóvenes y eso, desde ya, es un avance. Pero es clave poder hacerlo bien, evitar la tendencia al clientelismo, a la discrecionalidad y generar un sistema que realmente dé oportunidades educativas y laborales. La idea de que los jóvenes son el futuro es muy buena, siempre y cuando logremos que tengan presente.
(*) Lic. en Economía, Coalición Cívica-ARI
