El 10 de diciembre hemos cumplido 30 años de democracia, dejando atrás años en los que la violencia era moneda corriente y en los abusos en manos del poder del Estado dejaron muchas heridas que aún hoy no podemos cicatrizar. Pero hay términos que aún hoy se siguen utilizando, entre esas palabras, crispación, división, corrupción, explotación, parecieran estar vigentes. Pero lo más lamentable es que en muchos casos es promovido por los propios agentes del Estado, dejando a los ciudadanos indefensos ante los avasallamientos permanentes que se hacen de los derechos individuales y colectivos.
El accastellismo se ha nutrido de esa concepción neoliberal, porque sus principales asesores provienen del último gobierno de facto o de la UDECE, quienes han ayudado a construir un poder avasallante y autoritario. Ese poder es utilizado en ciertas ocasiones para atacar a los miembros del Tribunal de Cuentas por observar algunos actos de gobierno que no cumplen con la legalidad que establecen las normas, o a los concejales de la oposición por tener posición distinta al oficialismo, o a los medios de comunicación por tener una postura crítica, o a este partido por haber adoptado posturas diferentes en algunos temas que hacen a la convivencia social.
El Estado ejerce violencia cuando paga salarios magros a sus trabajadores, cuando las condiciones de contratación son de precarización, cuando se desconocen derechos de sindicalización, cuando a través de la imposición del miedo se ejerce la autoridad.
Frente a la represión ejercida por funcionarios municipales a dirigentes gremiales en el área de Tránsito del municipio, como el ataque sufrido por jubilados municipales mientras repartían volantes durante el Festival de Adultos Mayores, debemos repudiar cualquier actitud intimidante ejercida sobre cualquier trabajador, jubilado o dirigente gremial en el ejercicios de sus derechos laborales, sociales y colectivos.
Una sociedad se construye otorgándoles mayor institucionalidad y no sometiendo a los ciudadanos bajo el yugo del poder del Estado, para beneficiar a la clase dirigente o a un sector de poder gobernante. El ejercicio pleno de los derechos debe ser garantizado por el Estado y no aprovecharse de ello para sacar cualquier tipo de ventaja. Cuando desde el propio Estado se incumplen con las normas, se está dando una mala señal a la sociedad, por lo tanto, pierde autoridad para exigir.
Señor intendente, esperamos que tome cartas en el asunto y que hechos de estas características no se vuelvan a repetir, porque son inadmisibles en un Estado de derecho.
Comité de circuito Villa María - Unión Cívica Radical
