La Justicia Federal de Córdoba investiga el origen de los fondos de la financiera cuyo vicepresidente fue hallado muerto la semana pasada, mientras que el abogado de supuestos afectados por maniobras defraudatorias de la firma vinculó a empresarios y políticos con la empresa, entre ellos al exjefe de Gabinete del gobernador José Manuel de la Sota y actual legislador por Unión por Córdoba, Oscar González.
El fiscal federal Enrique Senestrari requirió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para analizar la documentación secuestrada durante los allanamientos que tuvieron lugar anoche en dos oficinas de la financiera Cordubensis CBI.
“Hemos confirmado que CBI no estaba habilitada por el Banco Central para realizar operaciones financieras. Ahora analizaremos la documentación de los allanamientos, que han sido positivos”, aseguró ayer desde Buenos Aires a medios cordobeses el abogado villamariense y exfiscal federal Carlos Gonella, titular de la Procelac.
Por su parte, Senestrari, que el miércoles concretó sendos allanamientos en las oficinas que CBI tenía en pleno centro de la capital provincial y en el complejo Dinosaurio Mall, en el barrio Alto Verde, manifestó: “Veremos qué conclusiones sacamos y qué medidas disponemos una vez que revisemos en detalle la documentación receptada”.
Asimismo, el fiscal ordenó que sometan a pericias las supuestas cartas (escritas con computadora), atribuidas al vicepresidente de CBI, Jorge Suau (47 años), quien fue hallado muerto, y que allegados a él le hicieron llegar al propio Senestrari y al camarista federal Ignacio Vélez Funes la semana pasada.
Las misivas (de cuatro carillas, en ambos casos) llevan por título “Lavado de dinero CBI Cordubensis, ruta de dinero, si ustedes actúan urgente se podrá hacer algo de justicia, los minutos corren”.
En las cartas se menciona a Eduardo Rodrigo, presidente de CBI, así como a otro socio, al que se señala como “testaferro de las acciones” de dos conocidos integrantes de una concesionaria de automóviles en Córdoba, como así también de otra de Mendoza y se menciona a una “gemela” de CBI en Villa María.
Nayi denuncia
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, que patrocina a media docena de supuestos perjudicados por CBI, aseguró que “la carta de presentación de Rodrigo siempre fue personas del ámbito político y empresarial”.
De acuerdo con Nayi, para atraer clientes, Rodrigo mencionaba a “empresarios y políticos”, como el exjefe de Gabinete de De la Sota, González, quien ayer negó cualquier vinculación con CBI.
González, presidente subrogante de la Legislatura, afirmó desconocer la existencia de CBI, dijo que se enteró “por los medios” y añadió que “no sabía que Suau estaba vinculado a esas actividades; sabía que era titular en un call center”.
“No sabía de la existencia de CBI… me enteré por los diarios. No conozco ninguna financiera, ni de Argentina ni del mundo”, señaló el parlamentario, quien, no obstante, admitió que conocía a Suau desde fines de los años 80 cuando “él era un joven brillante de la Democracia Cristiana, que se incorporó a la Legislatura tras la alianza con el Partido Justicialista”.
“En 1999 Jorge Suau estuvo en el área de Culto. No sé si en 2001, cuando dejé el Ministerio (de Gobierno), él siguió”, aseveró González, al admitir que Suau sí había dependido de él cuando encabezó la cartera política del primer Gobierno de José Manuel de la Sota (1999-2003).
“Entró en pánico”
Mientras tanto, la semana pasada, Rodrigo decidió alejarse de la ciudad de Córdoba al enterarse sobre la muerte de su socio, por temor a que pudiera pasarle lo mismo, según confirmó su abogado, Carlos Palacio Laje.
“El lunes y el martes de la semana pasada, él (por Rodrigo) trabajó normalmente en la financiera”, aseguró a la prensa el abogado, quien agregó: “Finalmente, se enteró sobre la muerte de su socio y, para él, es un homicidio. Entró en pánico y, tras recibir amenazas, decidió alejarse de la ciudad”.
De acuerdo con el letrado, Rodrigo estaba pasando por “una situación de estrés” debido a la desaparición de su socio, que finalmente fue hallado muerto, y por el hecho de haber recibido “amenazas a punta de pistola”.
A su vez, Nayi señaló que las denuncias penales formalizadas durante los últimos días “tienen a Rodrigo como principal denunciado”, tras lo cual precisó que, por ejemplo, “un matrimonio de contadores” accionó, “porque se estaría frente a una maniobra estafatoria o defraudatoria a gran escala”.
“Dos contadores que vienen operando (con la financiera) desde fines de 2012, a partir de recomendaciones de otras personas, habían colocado los ahorros de toda su vida en esta financiera, en virtud de un contrato mutuo (préstamo), por el cual ellos entregaban el dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27% anual sobre el saldo final”, explicó Nayi.
El abogado subrayó que, en vez de recibir dinero fresco (unos 700 mil pesos), cuyo origen “legítimo puede ser probado”, les dieron en la financiera “cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados”.
Nayi, quien no reveló el nombre de sus clientes, destacó que “otras personas, por sumas cuantiosas, se encontrarían en la misma situación, debido a los problemas de liquidez que comenzó a experimentar la financiera”.
