En Córdoba se viene impartiendo una política de resocialización por medio de la tortura y los malos tratos. Implementan procedimientos que no buscan prevenir situaciones de conflicto, sino lo contrario.

Para dialogar con los detenidos utilizan palos, cadenas y más aislación.

La "resocialización" toma un camino desconocido, como sucede en el penal de Villa María, donde los detenidos sufren las consecuencias de las crueles políticas del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial que mira para otro lado. Los jueces todavía no se han enterado de que la prohibición de la tortura y los malos tratos están incluidos en un sinnúmero de leyes nacionales e internacionales, ellos ignoran que la tortura es un delito. De esta manera, el Poder Judicial garantiza la impunidad y todo tipo de abusos pueden ocurrir sin ser cuestionados y se va impartiendo el terror en las cárceles, sobrevulnerando sus derechos. Hay un Estado ausente, cuando debe ser el garante de los derechos de las personas.

En esta unidad carcelaria, el director (antes jefe de Seguridad), Gustavo Molina, toma decisiones arbitrarias, trasladando compulsivamente a los detenidos sin un aviso previo,  provocando la falta de acceso al contacto con sus abogados defensores, con los jueces que atienden su causa y con su juez de Ejecución, que es quien debe garantizar que no se vulneren sus derechos y su dignidad  personal, impidiendo un trato cruel, inhumano y degradante. El traslado también produce un desarraigo familiar, ya que por cuestiones económicas, la familia no puede viajar a tantos kilómetros.

En los últimos meses, en este lugar de detención han habido alrededor de 30 traslados compulsivos, algunos de carácter arbitrario y burocrático.

 El último traslado lo sufrió Pedro Heredia, quien fue trasladado solamente para que no moleste con sus denuncias a los atropellos del servicio penitenciario. Molina sólo dijo que lo mandaba a Bouwer por "razones institucionales",  pidió que sólo pusieran sus datos formales. No hace falta aclarar que no hay violaciones a los derechos de estas personas sin la aprobación del Poder Judicial, por ejemplo, el juez de Ejecución Arturo Ferreyra, que debe justificar de alguna manera su oneroso sueldo, al menos firmando lo que la fuerza de seguridad le pida. De esta manera, ignora que el traslado es otra manera de torturar y naturaliza y legítima estas práctica

 Estos son sólo algunos de los malos tratos y torturas recibidos por las personas privadas de la libertad de ese penal en los últimos 30 días.

Cristian Castellano recibió como política de estímulo de reinserción una buena paliza sólo por usar un arito.

Iván Alejandro Díaz se cosió la boca después de haber empleado diversas tácticas, pidiendo el acercamiento con su familia, sólo pretende ver a su hijito, para lo cual pide se lo traslade a la ciudad de Marcos Juárez al menos una vez al mes. La única respuesta fue encadenarlo a una cama en la zona de Enfermería y con la amenaza de que si continuaba molestando, lo iban a capear (trasladar).

También hubo varios heridos, algunos de gravedad, como es el caso de Cristian Palacios, quien estuvo gravemente herido tras una pelea dentro del pabellón tres y quien al día siguiente de ser operado ya fue trasladado a la Enfermería del penal por cuestiones de seguridad.

Efraín Arce, del pabellón 11, terminó con 25 puntos en el estomago y 19 en el cuello.

Rodolfo Rodríguez, alojado en el pabellón 10, tiene en su cabeza 14 puntos.

Henri Zabala, a modo de protesta, se trago unas hojas de afeitar y estuvo internado en el Hospital Pasteur, donde fue intervenido.

El servicio penitenciario recibe una formación totalmente deficiente o inapropiada, que ignora completamente el respeto a los derechos de las personas.

En las cárceles la represión alcanza su máxima expresión.

¡¡¡Tolerancia cero a la tortura!!!

 

Adriana Revol, militante de la Coordinadora 

Anticarcelaria