La investigación iniciada en Villa María por la Justicia Federal que procura determinar si hubo evasión o venta de soja en negro está actualmente en consideración de Casación Penal, luego de que el juez de Primera Instancia, Roque Ramón Rebak, y la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio María Vélez Funes, José Vicente Muscará y Carlos Lascano (votó en disidencia) modificaran los criterios de investigación para las asociaciones ilícitas, en relación con fallos previos, y dictaran la falta de mérito para los 24 imputados, de los cuales dos están prófugos.

La causa tuvo repercusión por la magnitud económica sujeta a investigación, dado que estuvieron en la mira ventas por 1.700 millones de pesos y por los imputados, entre los que se encuentra un concejal de Río Tercero y un exministro de la Provincia.

La causa procuró determinar si hubo ventas en negro de soja, para lo cual se hacía una compleja cadena de intermediación con empresas fantasmas para evitar pagar el 10,5% de IVA.

Es más, ayer el diario Página/12 realizó un completo informe sobre los hechos que en su oportunidad fueron informados en EL DIARIO, bajo el título principal de “Cosecha negra”.

Allí explica que el circuito de comercialización ilegal comienza desde el campo hasta la exportación. “Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como la Fiscalía explicaron en varios escritos que la maniobra concluía con la exportación de la soja nunca declarada. Las cerealeras que vendían al exterior el grano luego reclamaban el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. A través de la documentación analizada, los investigadores determinaron la sistematicidad de las operaciones de los distintos eslabones de la asociación ilícita con un grupo de exportadoras, de las que sobresalen Vicentin y Bunge”, indicó ese medio. Destacan que el criterio del juez Roque Rebak fue diferente al de la fiscal María Virginia Miguel Carmona, por lo que el magistrado federal terminó dictando la falta de mérito de los imputados. Ahora, Casación Penal debe revisar esa decisión.

 

Acusados

 

Entre las 24 personas que estuvieron imputadas están los propietarios de la firma Luis Farías e Hijos, integrada por Luis F. Farías (exministro de Angeloz), María F. Farías, Julio Daniel Luján y Pablo Martín Zotello. 

También fue acusado Néstor Rubén Beltrame, que es actualmente concejal de Río Tercero por Unión por Córdoba.