Manteniendo su consideración negativa acerca del acuerdo extrajudicial que el municipio suscribió con el Laboratorio Elea, en el marco de una demanda fallida por el “impuesto a la valija”, los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany rechazaron la insistencia para que sean autorizadas las órdenes de pago.

Cabe rememorar que la comuna solicitó la liberación de 132.608,95 pesos en concepto de honorarios al abogado del laboratorio y 48.708 pesos en concepto de primera cuota para la firma que le ganó a la comuna en los estrados judiciales.

En total, el municipio deberá abonar unos 570 mil pesos, tras intentar y no lograr la justificación desde el ámbito judicial para cobrarle 61 mil pesos a Elea por impuestos adeudados.

No obstante la decisión de los vocales Naselli y Maristany, la comuna dio a conocer el viernes que “a través de la Secretaría de Economía y Administración, informa que ha procedido a dar cumplimiento al convenio celebrado” con la firma dedicada a elaborar productos farmacéuticos.

“En un análisis superficial y meramente formulario, el señor intendente insiste en el pago de un crédito a favor de Laboratorio Elea, reconocido a través de una contratación nula de nulidad absoluta”, expresaron los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas

“En su nota, el intendente elude, rehúye referirse a una de las graves falencias del convenio por el cual municipio y Elea SA “...deciden extinguir obligaciones litigiosas... (textual de la nota de insistencia)”, apuntan, para luego señalar que “la no intervención del señor asesor letrado en acto de tamaña competencia, incumbencia y trascendencia, refrendando y legalizando el acto (artículos 134 y 138 de la Carta Orgánica Municipal), convierte al mismo en un acto inválido”.

“La posterior ratificación (por parte de la mayoría de los concejales) no revierte su invalidez, ya que el Deliberante no puede trastrocar o alterar la prelación normativa que establece la preeminencia de la COM por sobre las ordenanzas y decretos”, advierten los tribunos.

“El mutismo del intendente nos lleva a la conclusión de que una vez más ha desnaturalizado, pervertido, el sentido de la facultad de ‘insistencia’, convirtiendo ello en una simple herramienta protocolar, ritual, para pagar lo que él mismo ha determinado en forma arbitraria y discrecional”, fustigaron Naselli y Maristany.

“Su silencio (refiriéndose a Accastello) está expresando a las claras que lo único que interesa es pagar de cualquier manera y cuanto antes, sin aportar argumentos que nos permitan (eventualmente) desistir de nuestras observaciones”, también manifestaron.

 

Sin homologar

 

Como punto medular de la fundamentación para rechazar las órdenes de pago, los vocales apuntan a la falta de homologación al convenio suscrito entre las partes.

Sobre este punto, los tribunos detallaron: “Homologar significa aprobar y el único que puede homologar es un juez competente mediante una resolución expresa (auto) que así lo disponga”, explicaron los vocales, que a renglón seguido relataron una serie de hechos que consideraron irregulares.

“El convenio fue firmado el 18 de noviembre pasado y las órdenes de pago llegaron al Tribunal el 27 de enero. Fue recién luego de que estos vocales advirtieran al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la falta de homologación en forma precipitada (pero tardía) el 6 de febrero, el municipio, representado por el abogado José María Sánchez, presenta el acuerdo en Tribunales”, manifestaron.

“En su escrito, el abogado Sánchez le pide al señor juez que ‘...homologue el acuerdo mencionado...’. Ergo, de sus propias palabras se desprende que al 6 del presente mes, el acuerdo no estaba homologado judicialmente o, dicho de otra manera, no estaba aprobado por el juez. Y en el momento en que estamos redactando el presente voto, tampoco tenemos constancia alguna de la mentada homologación”, remarcaron los referentes del Partido Villamariense y de la Unión Cívica Radical.  

“Sin embargo, no sólo el intendente había intentado pagar los compromisos acordados, sino que cuando redacta la nota de insistencia se permite decir lo siguiente: ‘...que se ha seguido el procedimiento correcto en el marco del ordenamiento legal vigente para efectuar el gasto en cuestión (textual)...’”, subrayaron los tribunos.

 “No podemos ocultar nuestra profunda preocupación, cuando con su firma y su sello el mismo intendente se dirige a los tribunos en un contexto en el que la verdad no significa la conformidad con la realidad. La lógica mas simple, mas primaria, nos está indicando que el intendente realiza una afirmación que la propia documentación por él aportada desmiente”, acotaron.