Alrededor de las 11 de la mañana de ayer, un minibús negro con la identificación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la Nación estacionado en la calle Rivadavia al 500 llamó la atención de quienes acertaban a pasar por el lugar o se detenían a cargar combustible en la estación de servicio ubicada en la esquina de esta calle y San Luis. 

Un efectivo de esa fuerza de seguridad hacía guardia en la puerta de ingreso del chalé perteneciente al empresario villamariense Darío Ramonda. 

Dentro del inmueble otros efectivos requisaban la vivienda, prácticamente deshabitada -Ramonda vive en Córdoba- ya que sólo muy de tanto en tanto una hija del empresario suele utilizarla. 

¿Qué esperaban encontrar los agentes de la Aeroportuaria en la casa de Ramonda?

Documentación que podría ligar al villamariense con la financiera CBI Cordubensis SA, empresa que por estos días tiene toda la atención de la Justicia Federal cordobesa y en particular la del fiscal Enrique Senestrari.

Es que una versión daba cuenta de que Darío Ramonda sería una de las personas mencionadas en la supuesta carta que hiciera llegar a los fiscales Enrique Senestrari y Francisco Vélez Núñez, Jorge Suau, vicepresidente de la financiera, antes de que fuese hallado muerto el pasado 13 de febrero.

Sin embargo, este dato no pudo ser confirmado oficialmente, ya que la causa se investiga bajo un estricto secreto de sumario. Aunque en los pocos párrafos de la misiva en cuestión que circularon en los medios capitalinos no aparece el nombre del villamariense. 

Asimismo, hay que señalar que también fue allanada la concesionaria de autos Toyota Centro Motors que Darío Ramonda tiene en la avenida Colón al 5700 de la ciudad de Córdoba. 

 Los efectivos de la Aeroportuaria incautaron documentación que ahora deberá ser evaluada por Senestrari, quien tiene que determinar en qué condición Ramonda queda ligado (o no) a esta causa, que cada día que pasa continúa dando sorpresas. 

 

Imputados

 

Por otro lado, el fiscal federal Enrique Senestrari imputó ayer por la presunta comisión de asociación ilícita y de otros delitos a Eduardo Rodrigo, titular de la financiera CBI Cordubensis SA, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue hallado muerto en el interior de su camioneta dos semanas atrás. 

"Todas las autoridades (de CBI) están imputadas por presunta asociación ilícita, estafa, posible evasión de impuestos y lavado", aseguró ayer a la tarde a la prensa el fiscal, que precisó que además de Rodrigo serán investigados otros directivos, aunque no dijo quiénes eran.

El funcionario judicial confirmó, no obstante, que son siete las personas imputadas hasta ahora en la causa. 

Tampoco se ha librado aún ninguna orden de captura en contra de estas personas.

 

Veinticinco allanamientos

 

Senestrari encabezó ayer al mediodía 25 allanamientos en busca de documentación y de material probatorio en domicilios de la ciudad de Córdoba. 

"Son alrededor de 25 allanamientos. Estamos buscando información para ver hasta dónde llegan los hechos. Hay muchos lugares, pero no puedo dar los nombres ahora. Sólo estamos buscando información. Hasta ahora el juez no ha dado ninguna orden de detención", precisó el fiscal. 

Respecto de la situación de Rodrigo, quien se encuentra fuera de la ciudad de Córdoba, según lo afirmó la semana pasada su propio abogado (Carlos Palacio Laje), Senestrari manifestó: "No aceptó declarar bajo custodia y hoy está imputado y se lo va a llamar para que venga a prestar declaración indagatoria". 

A partir de una orden del juez federal Nº 1 Ricardo Bustos Fierro y con la colaboración de personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Senestrari concretó un allanamiento en Blinbox, empresa de seguridad de valores presuntamente vinculada con Juan Carlos Barrera, ubicada en Santiago del Estero al 200 en la capital cordobesa. 

Otro de los allanamientos se concretó en la casa que Barrera, expresidente del Club Instituto Atlético Central Córdoba, tiene en barrio Urca.

Los allanamientos fueron dispuestos con el fin de determinar si había vinculación con el dinero que manejaba CBI, que, según el fiscal, "no contaba con autorización del Banco Central (BCRA)" para operar como una entidad financiera. 

 

El abogado de los ahorristas 

 

Antes de ser imputado Rodrigo, el abogado Carlos Nayi había pedido tal medida para sus clientes en representación de una decena de ahorristas supuestamente estafados por la entidad, dado que se trataría de "una maniobra defraudatoria a gran escala", porque los ahorristas "entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27% anual sobre el saldo final".

El abogado subrayó que, no obstante, en los últimos meses, en vez de recibir dinero fresco tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo, en la financiera les daban "cheques de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados". 

Nayi insistió en el mismo concepto: "CBI nació y funcionó en la ilegalidad y terminó sorprendiendo en su buena fe a un centenar de personas, que confiaron sus ahorros", tras lo cual agregó que Rodrigo debe ser detenido, porque "no ha querido colaborar y, montándose en una mentira, ha tratado de eludir a la Justicia". 

La alusión del letrado es el hecho de que la semana pasada Palacio Laje, abogado de Rodrigo, informó que su cliente se alejó de la ciudad de Córdoba al enterarse de la muerte de su socio, Suau, por temor a que pudiera pasarle lo mismo. 

"Cuando se enteró sobre la muerte de su socio entró en pánico y, tras recibir amenazas, decidió alejarse de la ciudad", explicó Palacio Laje, motivo por el cual ahora se desconoce el paradero de Rodrigo, aunque para éste, hasta el momento, no pesa orden de detención y captura. 

CBI, dos de cuyas oficinas fueron allanadas la semana pasada, funcionaba sin autorización del BCRA, según lo confirmó el propio fiscal federal Enrique Senestrari, a cargo de la investigación. 

 

Una muerte que deja dudas

 

Mientras tanto, de acuerdo con los datos preliminares de la autopsia, Suau, que fue encontrado el jueves 13 del corriente dentro de su Toyota Hilux en la ruta C45 cerca de la localidad cordobesa de Rafael García, falleció por haber inhalado monóxido de carbono. 

Las pesquisas, a cargo del fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, están orientadas a determinar si el fuego que se desató en el interior de la camioneta 4x4 fue provocado por el mismo Suau o por otra u otras personas. 

A diferencia del fiscal federal Senestrari, que sigue la pista de las operaciones financieras y del presunto lavado de dinero, los investigadores provinciales intentan establecer los últimos movimientos de Suau para determinar si fue él quien compró el bidón de nafta y, en ese caso, en qué lugar.  

 

La carta de Suau

 

La Justicia Federal tomó intervención en la causa luego de que un allegado de Suau acercara a los fiscales una carta -en realidad se trata de un escrito de computadora- donde aparecen nombres y maniobras financieras.

En esa carta, Suau habría mencionado al secretario de Transporte de la Municipalidad, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y al asesor privado de la Intendencia, Juan Pablo Ostanelli. Aparentemente, Suau afirmaría en esa carta que Díaz Cardeilhac habría recibido una "coima mensual por no controlar la cuenta recaudatoria de la Municipalidad y Siemens Atos". El monto recibido habría sido de $400.000.

Y siempre de acuerdo con la misiva, el monto fue solicitado a CBI en forma personal "por un tal Juan Pablo Ostanelli", apellido del secretario privado del intendente Ramón Mestre.

 

Epígrafes:

F1: Un minibús de la Policía Aeroportuaria estacionado frente al chalé de Darío Ramonda, en la calle Rivadavia de esta ciudad.

F2: El fiscal Enrique Senestrari ordenó los allanamientos.

F3: También fue allanada la concesionaria que Ramonda tiene en Córdoba (gentileza Cadena 3).