El juez federal Ricardo Bustos Fierro resolverá en las próximas horas el pedido de detención formulado por el fiscal Enrique Senestrari contra seis de los ocho imputados por las operaciones que realizaba la financiera CBI Cordubensis SA, cuyo vicepresidente, Jorge Enrique Suau, fue hallado muerto en el interior de su camioneta hace tres semanas.
“El juez aún no ha resuelto los pedidos de detención”, aseguró a la prensa Senestrari, quien precisó que efectuó el requerimiento porque se trata de personas que “tienen amplias facultades y disposición para eludir el accionar de la Justicia”.
Rodrigo es uno
Si bien no precisó sobre quiénes pidió la detención, reconoció que uno de ellos es el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, quien (según su propio abogado, Carlos Palacio Laje) se fue de Córdoba apenas se enteró de la muerte de su socio, Suau, el 14 de febrero pasado.
Por otra parte, el fiscal precisó que durante los allanamientos concretados el último viernes, fueron precintadas o bloqueadas las cajas de seguridad de las firmas CBI Cordubensis, Blinbox y Bacar, razón por la cual los ahorristas que tenían dinero u otros bienes en ellas, por el momento, no podrán retirarlos.
De acuerdo con Senestrari, quienes no tengan relación con los hechos investigados “no sufrirán la apertura de sus cajas”, porque, aclaró, el objetivo de la medida “no es saber el contenido (de las cajas), sino verificar si pertenecen a personas cuya conducta se está verificando en relación con CBI”.
“La idea es que el juez autorice la apertura de aquellas cajas que generen sospechas, para ver el contenido, porque, seguramente, en ellas hay pruebas o el resultante de delitos”, manifestó.
Los imputados
Hasta el momento, además de Eduardo Rodrigo, los imputados por la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita”, “estafa” y “evasión o lavado de dinero” son Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, cofundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; Daniel Tissera y Luis de los Santos, socio y empleado jerárquico de CBI, respectivamente; el periodista Víctor Eduardo Alaniz, la escribana Doris Liliana Puccetti y José María Núñez, cuya pareja tenía en su casa el servidor “en negro” de la financiera.
Cabe recordar que Jorge Suau también fue imputado en esta causa, pero será sobreseído por fallecimiento.
Allanamientos
El viernes pasado, Senestrari encabezó una veintena de allanamientos en busca de documentación y de material probatorio, la mayoría de ellos en viviendas y comercios de la ciudad de Córdoba y uno en Villa María, más precisamente en el domicilio del conocido empresario local Darío Ramonda.
Con la colaboración de personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos fueron dispuestos con el fin de determinar si había vinculación con el dinero que manejaba CBI, que, según el fiscal, “no contaba con autorización del Banco Central” para operar como una entidad financiera.
Antes de ser imputado, el abogado Carlos Nayi había pedido tal medida para Rodrigo, en representación de decenas de ahorristas supuestamente estafados por la entidad, ya que se trataría de “una maniobra defraudatoria a gran escala”, dado que los ahorristas “entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27% anual sobre el saldo final”.
El abogado subrayó que, no obstante, en los últimos meses, en vez de recibir dinero fresco, tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo, en la financiera les daban “cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados”.