El abogado Carlos Nayi, representante de ahorristas supuestamente afectados por operaciones financieras especulativas, reiteró ayer que es necesaria la detención de Eduardo Rodrigo, presidente de la firma CBI Cordubensis SA, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue hallado muerto en el interior de una camioneta tres semanas atrás.
“El pedido de detención de Rodrigo (efectuado por el fiscal federal Enrique Senestrari) sigue vigente y sería resuelto en las próximas horas por el juez federal (Ricardo Bustos Fierro)”, reiteró Nayi a la prensa.
El abogado insistió en el mismo concepto: “El juez Bustos Fierro deberá tomar la decisión de hacer lugar al pedido de aprehensión (de Rodrigo), o bien rechazarlo, pero hasta ahora el magistrado no se ha expedido”.
Asimismo, Nayi criticó y calificó como mera “estrategia defensiva” la desplegada por Carlos Palacio Laje, abogado de Rodrigo, que dijo en las últimas horas que su cliente se fue del país por miedo a que le suceda lo mismo que a Suau.
Palacio Laje expresó en varias ocasiones: “Mi cliente tiene razones suficientes para pensar que la muerte de Suau (vicepresidente de la firma) es un homicidio y, por eso, se retiró de la ciudad de Córdoba y, después, del país”.
“A partir de la muerte de su socio, (Rodrigo) sufrió un colapso muy fuerte a nivel anímico y eso lo llevó a retirarse del país. A eso se lo comunicamos al juez poniéndonos a disposición para lo que fuera menester”, manifestó Palacio Laje.
Nayi retrucó que la afirmación de Palacio Laje “es un anuncio huérfano de corroboración fáctica, una estrategia defensiva”, tras lo cual reiteró que, “por la escala penal (de los delitos que se investigan), por la gravedad del hecho y por la actitud evasiva, los imputados (entre ellos, Rodrigo) deben ser detenidos”.
Hasta el momento, los imputados por la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita”, “estafa” y “evasión o lavado de dinero” son Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, cofundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; Daniel Tissera y Luis de los Santos, socio y empleado jerárquico de CBI, respectivamente; el periodista Víctor Eduardo Alaniz, la escribana Doris Liliana Puccetti y José María Núñez, cuya pareja tenía en su casa el servidor “en negro” de la financiera.
El viernes pasado, Senestrari encabezó una veintena de allanamientos en busca de documentación y de material probatorio, la mayoría de ellos en viviendas y comercios de la ciudad de Córdoba y uno en Villa María, más precisamente en el domicilio del conocido empresario local Darío Ramonda.
Con la colaboración de personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos fueron dispuestos con el fin de determinar si había vinculación con el dinero que manejaba CBI, que -según el fiscal- “no contaba con autorización del Banco Central” para operar como una entidad financiera.
Antes de ser imputado, el abogado Nayi había pedido tal medida para Rodrigo, en representación de decenas de ahorristas supuestamente estafados por la entidad, ya que se trataría de “una maniobra defraudatoria a gran escala”, dado que los ahorristas “entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27% anual sobre el saldo final”.
El abogado subrayó que, no obstante en los últimos meses, en vez de recibir dinero fresco, tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo, en la financiera les daban “cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados”.
De acuerdo con Nayi, que precisó que en los próximos días serían formalizadas más de 80 denuncias penales más contra los directivos de CBI (entre ellos, Rodrigo), el perjuicio ocasionado por la financiera a ahorristas “ascendería a 20 millones de pesos”.
