Hoy, esta enfermera desocupada y pastora evangélica, sigue creyendo en la Justicia. María Cristina Altamirano, una de las 20 trabajadoras de la salud que se quedaron sin trabajo cuando cerró abruptamente la Clínica Hernández, espera que algún día, en los vericuetos de Tribunales se diga cuánto y cómo tienen que cobrar en concepto de indemnización y de sueldos atrasados.
María Cristina lleva grabada en la piel la historia de ese malogrado emprendimiento de salud. “Yo trabajo desde los 18 años. Fui enfermera en La Laguna y en 1985, ingresé a la Clínica Hernández”, recordó.
Durante muchos años fue enfermera de piso y luego, instrumentista.
Es madre de cinco hijos y ya tiene cuatro nietos.
Al repasar la historia de su lucha, que es la misma de una veintena de enfermeras, contó que los problemas se presentaron antes del cierre definitivo, operado el 11 de marzo de 2005.
“Ya veíamos que los médicos que eran dueños, siempre tenían otras prioridades antes que pagar los sueldos”, recordó.
De hecho, cuando cerró la clínica adeudaban salarios de diciembre de 2004, enero y febrero de 2005. Incluso, les habían dado 50 pesos para pasar la Navidad y Año Nuevo, lo que no llegaba ni al 10% de un salario.
Un mal día, ninguno de los responsables apareció más. “Nosotras fuimos igual a trabajar, porque además, había tres pacientes internados”, dijo la enfermera.
Pasaban las horas, no se presentaba nadie y las chicas no sabían que hacer. “Jorge López (ya fallecido), de ATSA, contaba que las enfermeras pasaban esas horas de espera limpiando”, relató la abogada de la mayoría de las trabajadoras despedidas, Sonia Arriarán. “Estaba impecable la Clínica”, apuntó, sonriendo, Altamirano.
Así resistieron varias semanas, tuvieron apoyo de muchos políticos y funcionarios pero nada plasmado en lo que realmente necesitaban: cobrar el sueldo y trabajar.
“Te imaginás que a esa altura, todas promediábamos los 50 años y no es fácil volver a empezar a esa edad”, recordó.
De hecho, la mayoría no volvió a conseguir trabajo. “Yo no me quejo, porque tengo marido y casa y si bien la plata me hace falta, no sufrí como otras compañeras la necesidad material. Hubo chicas que fueron desalojadas por no poder pagar alquiler, otras que no tenían ni para comer. Es tremendo”, dijo.
El padecimiento de María Cristina Altamirano fue el vacío que se genera por la falta de trabajo. “Estuve muy mal anímicamente, deprimida por tres años”, cuenta. No sabía cómo reorganizar su vida. Tenía las fuerzas, la capacitación y la experiencia para trabajar en una de las profesiones más nobles de la salud, como es la enfermería, pero no tenía empleo.
“Logré salir adelante, aunque no sea motivo de la nota, porque empecé a ir a la Iglesia Evangélica. Eso me ayudó mucho. Hoy soy pastora”, relata.
La Justicia
Le pedimos a la abogada Sonia Arriarán que nos acompañara en la nota para explicarnos detalles de la maraña jurídica en que están involucradas estas humildes trabajadoras; para poder entender por qué, a casi una década del cierre, aún no hay noticias de la indemnización.
“El juicio está ganado. Lo ganamos en primera instancia, en la Cámara del Trabajo y en tres oportunidades más, otros tribunales ratificaron el fallo. Hoy, los responsables de pagar la indemnización, contrataron a un prestigioso abogado de Córdoba, que seguramente debe costarles muy caro, para elevar el recurso a la Corte Suprema de Justicia”, relató.
Le preguntamos cuál es la razón que según ellas, impulsa a estos médicos a encarecer un proceso que terminarán pagando ellos. “Es inexplicable. Hubiera sido más fácil si asumían la responsabilidad. Hay 19 demandantes y 16 condenados. Si cada uno hubiera asumido la indemnización de una trabajadora, les hubiera sido más sencillo, más económico y no hubieran sometido a las mujeres a esta difícil situación que atravesaron después de quedarse sin trabajo”, dijo la letrada.
“Algunas quedaron muy mal. Como es una ciudad chica, infinidad de veces nos cruzamos con los médicos que nos deben. Algunas lo insultan. Yo por mi parte, los saludo. No creo que con odio se llegue muy lejos. Prefiero luchar y confiar en la Justicia”, acotó Altamirano.
“Pero lo que más nos duele es que en esta espera, dos de nuestras compañeras fallecieron. Estela Banegas murió muy joven y Mirta Salavaggione, hace poco. A ellas, las Justicia les va a llegar tarde”, concluyó.
HISTORIA
La Clínica Hernández funcionó hasta el 11 de marzo de 1995, fecha en que fue “abandonada” por sus dueños. Había incluso pacientes internados que las trabajadoras asistieron hasta conseguir una derivación. Para esa época, adeudaban tres meses de sueldo. De los casi 50 trabajadores que se desempeñaban en el lugar, una veintena de enfermeras hicieron el reclamo a la Justicia. Embargaron bienes muebles pero todavía no cobraron. También fue embargado el edificio de la Clínica, el que se vendió a otra empresa de salud. Sin embargo, el dinero de esa venta está trabado por reclamos judiciales de los mismos propietarios, por lo que aún, nadie puede cobrar
