Escribe:

María Alejandra Morcillo (*)

 

Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. 

Considero que fue un día para reforzar principios fundamentales tales como la igualdad, la libertad, la dignidad y reafirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 

Muchos años lleva la inacabada lucha por la equiparación de derechos entre mujeres y hombres; en nuestro país hubo que transitar más de un siglo para conseguir, por ejemplo, la capacidad plena de la mujer casada, la patria potestad compartida respecto de los hijos, la posibilidad de administrar sus bienes dentro del matrimonio, de elegir a las autoridades y ser elegida, sólo por mencionar algunas de las facultades que la ley había consagrado exclusivamente a los hombres.

Las políticas públicas en violencia de género y su marco legislativo surgen como respuesta a los movimientos de mujeres desde mediados del Siglo 20. 

El actuar de estos movimientos contribuyó de manera decisiva a visualizar el fenómeno como un problema social, de orden público y de diversas aristas.

El desarrollo de normativas destinadas a prevenir la violencia de género y atender a las víctimas trajo también el impulso de un abanico de obligaciones específicas para las instituciones involucradas en la temática. 

En la provincia de Córdoba, durante el año 2006, se sancionó la Ley de Violencia Familiar N° 9.283. La norma tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia familiar en el ámbito de la provincia y generar acciones para su abordaje integral desde la prevención, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres en situación de violencia en el seno de la familia comprometiendo así la acción articulada de distintas instituciones gubernamentales.

A pesar que esta Ley tiene escasos años de implementación movilizó a partir de su reglamentación en el año 2007, un conjunto de acciones destinadas a elaborar e implementar política pública en la temática. 

Esto requirió una reingeniería en el marco del Estado provincial para articular acciones entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo y las ONG con el fin de dar respuestas desde un abordaje intersectorial.

La Dirección de Violencia Familiar, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, es la autoridad de aplicación administrativa de la Ley provincial y presenta como modelo de trabajo el abordaje interdisciplinario e interinstitucional, con un marco teórico centrado en la vigencia de los derechos humanos y en la perspectiva de género y centrando su labor en “prevenir y erradicar la violencia familiar en todo el ámbito de la provincia de Córdoba”.

Se trabaja en función de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de violencia intrafamiliar, descentralizando la atención en capital e interior mediante la suscripción de convenios con municipios, trabajando articuladamente con las Unidades de Desarrollo Regional (UDER ) y los Centro de Integración Social (CIS) que el Ministerio de Desarrollo Social posee en distintas localidades del interior de la provincia. 

En ese marco, se realizan acciones de prevención a través de la concreción de jornadas de sensibilización y capacitación, mediante seminarios, charlas informativas, intercambios de experiencias, entre otras, en los distintos sectores de la población.

 

Contra violentos

 

La atención integral se realiza a través de la atención del servicio telefónico, 0800 888 9898, cuya línea gratuita atiende los 365 días del año las 24 horas, habiendo recibido 8.023 llamados durante el año pasado, y de equipos interdisciplinarios especializados en la temática.

En líneas generales, los datos emanados del Registro Unico de Casos de la Dirección dan cuenta que en el año 2013 se realizaron 18.981 consultas generales (asesoramiento, contención, atención en crisis, derivaciones, etcétera) con 9.410 intervenciones interdisciplinarias, desde el trabajo social, la psicología y asesoramiento legal, y se formalizaron 973 denuncias, lo que demuestra la magnitud que adquirió la problemática en los últimos años y el esfuerzo del Estado provincial para desarrollar los planes de acción necesarios, urgentes, claros, concretos y medibles para combatir la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes como un derecho humano inalienable.

 

(*)Directora de Violencia Familiar Gobierno de Córdoba