El senador nacional Luis Juez presentó ayer una denuncia en contra del presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Fabián Maidana, por su presunta vinculación con la financiera CBI Cordubensis SA, firma investigada por la Justicia Federal por “lavado de activos”, “evasión impositiva” y “usura”, entre otros delitos.
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría Fiscal Federal, y en la misma el legislador del Frente Amplio Progresista (FAP) sostiene que “Maidana no sólo conocía que la financiera funcionaba como una mesa de dinero y lavado, sino que fue parte” como socio de la compañía.
Al presentar la denuncia ante los medios de prensa, Juez señaló que Maidana fue miembro fundador de CBI Cordubensis, situación admitida por el titular del Banco de Córdoba, y que además fue parte del directorio de la compañía de Cajas de Seguridad VMCBA Seguridad SA hasta agosto de 2012.
Juez dice que esa situación infringe el artículo 310 del Código Penal, que dice que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”.
Juez se respalda en documentaciones que, según dice, Maidana “infringió la ley ocho meses” al ser directivo de la compañía financiera villamariense y paralelamente titular del Banco de Córdoba, cargo al que asumió en diciembre de 2012.
Sobre VMCBA
“En Villa María, en el Centro Comercial Libertad, funciona la firma VMCBA Seguridad SA desde el 2 de marzo de 2009, con el aparente fin de alquilar cajas de seguridad a particulares”, expresa en la denuncia.
“Para la fecha señalada, el titular del local comercial era Jorge Luis Domínguez, miembro actual del directorio del Banco de Córdoba. La caída de una sociedad comercial en Córdoba, con idéntica fachada, nominada como CBI Cordubensis, situada en el Dino, y la muerte dudosa de uno de sus directores, Jorge Enrique Suau, quien dejó una carta explicando el giro irregular de la sociedad y las aparentes causas de su quebranto, desnudó la vinculación de Maidana con VMCBA Seguridad SA”, añade.
“La noticia póstuma de Suau es que VMCBA se dedica a la intermediación financiera irregular y que Maidana fue responsable de la misma mientras ejercía, al mismo tiempo, la Presidencia del Banco de Córdoba”, sostiene.
“Maidana acepta que fundó VMCBA, pero explica que se fue en diciembre de 2011, al ser convocado por (el gobernador José Manuel) De la Sota, para ocupar la Presidencia del Banco de la Provincia de Córdoba.
“Prueba documental pública desmiente a Maidana: el Boletín Oficial de la Provincia, publicado en marzo de 2013, da cuenta de que el directorio de VMCBA, recién cambió en agosto de 2012, manteniéndose a tres personas de las cuales no se puede conocer su capacidad patrimonial y un jubilado del Banco de la Provincia, Héctor Hugo Bertonazzi, como encargado de la operación diaria de la firma”, agrega Juez en la denuncia.
“Estoy en condiciones de afirmar que, si eso es correcto e indiscutible como información pública, Maidana habría infringido el artículo 310, primera parte, del Código Penal, durante ocho meses del año 2012”, completa el legislador nacional.
Maidana dijo…
Maidana había manifestado a los medios de prensa cordobeses que en VMCBA Seguridad SA tuvo participación societaria hasta que asumió la Presidencia del Banco de Córdoba.
Con respecto a CBI Cordubensis, admitió que fue socio de la entidad financiera hasta el 2009, con un 10% de participación que entonces vendió, pero que hasta su ida la compañía no funcionaba como financiera, sino que únicamente disponía de cajas de seguridad y un salón para que los clientes pagaran a sus proveedores.
Esta situación tuvo un importante impacto político, ya que Juez involucra también con la financiera a un funcionario del intendente cordobés Ramón Mestre, y consecuentemente frustró los diálogos entre radicales y juecistas para un eventual acuerdo en el marco de las alianzas que viene promoviendo el FAP.
La causa CBI
La investigación de la CBI fue iniciada por el fiscal federal Enrique Senestrari a partir de que el vicepresidente, Jorge Suau, fuera encontrado muerto en su vehículo, el 13 de febrero, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono.
En tanto, el titular de la compañía financiera, Eduardo Rodrigo, decidió esconderse junto a su familia, argumentando que teme por su vida y se presume que se encuentra en un país limítrofe.
Después de la muerte de Suau, la compañía decidió cerrar sus puertas, lo que generó la reacción inmediata de muchos ahorristas que no pudieron recuperar sus depósitos.
La investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Senestrari sostiene que la financiera “no tenía autorización del Banco Central” y que las pruebas hasta el momento recolectadas establecen que la entidad funcionaba como “una cueva de dinero ilegal”, respaldándose en una carta que había dejado Suau para ser entregada a la Justicia Federal por si le pasaba algo.
“Todo dato que figura en esa carta está bajo investigación”
El fiscal federal Enrique Senestrari, a cargo de la investigación del “caso CBI”, remarcó ayer que la carta que dejó el fallecido exvicepresidente de la firma, Jorge Suau, es una de las piezas importantes con que cuenta.
Sin confirmar o desmentir los términos de la denuncia que presentó el senador Luis Juez, remarcó que todo dato presente en dicha esquela es investigado. “No hace falta que presenten denuncia. Son temas que ya están incluidos en esa carta. Todo dato que figura en esa carta está bajo investigación inexorablemente”, señaló a Radio Universidad de Córdoba.
No obstante, alentó a la presentación de nuevos datos. “Tanto el senador Juez como toda otra persona que tenga información, que la acerque a la Fiscalía para que la analicemos”, indicó.
Tras confirmar que, según indicios que posee, la empresa CBI tendría una relación contractual con una empresa que cobraba el dinero recaudado a través del sistema Red Bus, indicó que aún no tiene definida la citación a declaratoria de los dos funcionarios municipales allí mencionados: Fernando Ostanelli (secretario privado de Ramón Mestre), Juan Pablo Ostanelli y el secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac.
Declaró De los Santos
En otro orden, ayer continuó brindando declaración indagatoria el exempleado de CBI, Luis de los Santos. Imputado por el fiscal Senestrari, su testimonio comenzó el pasado jueves y es considerado clave por el rol que cumplía en la organización.
“Tiene mucha información, muchos datos para dar. Ha mostrado predisposición para contestar todo lo que le preguntemos”, señaló Senestrari, y agregó: “Estuvo en el lugar y puede contar las cosas que pasaban ahí. Pero ni él mismo sabe todo lo que pasaba allí”.