Al entrevero legal que vincula a la Municipalidad de Villa María y los Laboratorios Elea, se le agregó en los últimos días un capítulo más que llamativo.
Es que sumado a la catastrófica derrota de la comuna en el ámbito judicial donde pugnaron infructuosamente por el “impuesto a la valija” (demandaron a la empresa farmacéutica por 17 mil pesos y terminaron “arreglando” extrajudicialmente con los demandados por medio millón de pesos) y las acusaciones de ilegitimidad del proceso (ningún juez aprobó el acuerdo entre partes que sí validaron los integrantes del Concejo Deliberante), la acción oficial realizó otra maniobra teñida de sospechas.
Según destacaron los tribunos de cuentas, José Naselli y Gustavo Maristany, el Ejecutivo intentó abonar de una sola vez los 389.668,24 pesos que le adeudan a la firma dedicada a la elaboración de productos de farmacia.
Vale recordar que en el convenio que la Municipalidad había suscrito con Elea se había pactado la liquidación de la deuda en nueve pagos consecutivos de 48.708,53 pesos, de los cuales uno ya se había hecho efectivo semanas atrás.
Con un golpe de timón, las autoridades comunales determinaron condensar todo lo que debía abonarse en una sola entrega y por consiguiente libraron una orden de pago que evidentemente cosechó el rechazo de los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas.
“El señor intendente insiste en consumar un acto de disposición de fondos públicos, mediante un procedimiento viciado de insanable nulidad”, manifestaron Naselli y Maristany que calificaron al caso como “un bochornoso proceso”.
En la resolución donde manifiestan su negativa a avalar la orden de pago a favor de Elea presentada el pasado viernes 7 de marzo, los tribunos apuntan que “conforme la documentación conocida por estos Tribunos al momento de redactar el presente voto, el señor intendente, ejerciendo una liberalidad incompatible con los deberes a su cargo, ha dispuesto pagar el saldo pendiente en un solo pago de contado”.
“Cualquier ciudadano, el menos avisado, incluso un lego en cuestiones económicas y financieras, puede advertir que además de ilegítimo, este pago al contado de una deuda pactada a plazos, en un contexto altamente inflacionario como el presente, significa otorgar a la acreedora un ostensible e inmotivado beneficio económico”, sostienen los vocales.
“Por una simple razón de lógica, al beneficio de una de las partes se corresponde un perjuicio para la otra. ¿Quiénes resultan perjudicados?, los vecinos de la ciudad”, afirman los tribunos que a renglón seguido concluyen: “Desde nuestra condición de integrantes de un organismo de fiscalización como es el Tribunal de Cuentas, no podemos en conciencia convalidar tamaño atropello no solo a la legalidad, sino a la motivación misma del acto”.
Confusión de último momento
Mientras los tribunos de la oposición tomaban posición frente al nuevo formato de resolución de deuda dispuesto desde la Intendencia, el presidente del Tribunal Julio Oyola, recibió en sus manos una información que a la vez que intenta aclarar la operatoria oficial, nutre el desconcierto que hay en torno a la polémica temática.
“Mediante nota ingresada a este Tribunal con fecha 07-03-2014, la cual es incorporada a las presentes actuaciones, se me comunica que la suma pretendida a autorizar corresponde a las cuotas 2 a 9 del mencionado instrumento, y que serán atendidas mediante la entrega de cheques a la orden de pago diferido por la suma de 48.708,53 pesos cada uno, con vencimiento conforme lo establece el convenio celebrado con fecha 18 de noviembre de 2013”, explica Oyola en el texto donde aprueba lo actuado por la comuna.
“Corresponde autorizar el pago, pues el mismo no se aparta de lo pactado entre las partes, acuerdo este que está firme y consentido y con principio de ejecución”, concluyó.
