Dos trabajadores salteños que esperaban recibir el pago de lo que le debían, asistieron a la audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero se fueron con las manos vacías, dado que el representante de Ivecor no accedió al reclamo.

“Trabajé desde agosto en el Parque Industrial y me quieren dar mil pesos como liquidación”, reclamó uno de los trabajadores que no quiere volver a su Salta natal con las manos vacías.

“Yo estuve todo el tiempo en negro y no me quieren dar nada”, señaló otro.

El expediente se originó con 11 trabajadores que reclamaron el pago que por ley le corresponde a los obreros de la construcción cada vez que concluye una tarea para la que fueron contratados.

“De los 11, nueve tomaron lo que la empresa les ofreció, que no llega al tercio de lo que les corresponde, aprovechándose de la necesidad, y se volvieron a Salta”, señaló Fernando Rodríguez, abogado de los trabajadores.

Además, en la audiencia de ayer “el representante legal de Ivecor no trajo ninguna propuesta de pago para las dos personas que aún están en Villa María”, agregó.

EL DIARIO quiso consultar con los representantes de la empresa, quienes dijeron no estar autorizados para hablar.

“Pido que hagan inspecciones en todas las obras que tiene Ivecor y que se haga en los próximos días una nueva audiencia, a la que citaremos al Instituto Municipal de Inversiones, que los contrata, para que se anoticien del trato que tienen hacia los trabajadores”, remató el abogado.

Además, hay dos expedientes más en la cartera laboral, por reclamos similares.

Ivecor es una constructora de Monte Maíz, que tiene concesiones de obras públicas nacionales y también una fuerte presencia en Villa María, ya que tuvo a su cargo, entre otras, la ejecución de la obra de calles e infraestructura de los terrenos del PASU I (Parque Norte), la pileta comunitaria, el recambio de veredas de la Municipalidad, el programa “Cordón cuneta para  todos” y el pavimento en el Parque Industrial. 

Sus propietarios son los hermanos Cristian y Walter Rubino, quienes también fueron propietarios de empresas periodísticas como el diario La Mañana de Córdoba, cuyos trabajadores tienen recurrentes dificultades para cobrar los sueldos.