El abogado Carlos Palacio Laje, asesor legal del presidente de la financiera CBI Cordubensis SA, Eduardo Rodrigo, que es investigado en el carácter de imputado por presuntas operaciones fraudulentas, aseguró anoche que su cliente se presentará ante la Justicia el próximo lunes.
“Rodrigo siempre dijo que se presentaría a la Justicia cuando así le sea ordenado. Ese siempre fue nuestro asesoramiento y su convicción. Su ausencia (de Córdoba) no fue para eludir el accionar de la Justicia o su responsabilidad, cualquiera fuera”, manifestó Palacio Laje por medio de la red social Facebook.
Tras insistir con que Rodrigo se fue de Córdoba “por el pánico que le generó el homicidio de su socio” (Jorge Suau, vicepresidente de CBI, hallado muerte en el interior de su camioneta hace tres semanas), Palacio Laje dijo: “El juez Federal (Ricardo) Bustos Fierro le ordenó presentarse el lunes 17 de marzo y así será”.
Pese a lo afirmado por Palacio Laje, el lunes pasado Bustos Fierro había citado a Rodrigo para que se presentara como imputado hasta hoy viernes, razón por la cual, si no lo hacía, podría ser “declarado prófugo” y ordenaría su detención, según informaron fuentes judiciales.
Rodrigo, a quien le imputan la presunta comisión de los delitos de “estafa”, “asociación ilícita” y “evasión o lavado de dinero”, se encuentra fuera del país, según lo reconoció días pasados el propio abogado del financista.
Palacio Laje expresó en varias ocasiones que su cliente “tiene razones suficientes para pensar que la muerte de Suau es un homicidio y, por eso, se retiró de la ciudad de Córdoba y, después, del país”.
“A partir de la muerte de su socio sufrió un colapso muy fuerte a nivel anímico y eso lo llevó a retirarse del país. Eso se lo comunicamos al juez poniéndonos a disposición para lo que fuera menester”, manifestó Palacio Laje.
En cambio, Carlos Nayi, abogado de los ahorristas supuestamente perjudicados por CBI, aseveró que la afirmación de Palacio Laje “es una estrategia defensiva”, tras lo cual reiteró que, “por la escala penal, por la gravedad del hecho y por la actitud evasiva, los imputados deben ser detenidos”.
Nayi insistió en que las detenciones de por lo menos seis de los 10 imputados en la causa, como lo solicitó el fiscal Federal Enrique Senestrari, estarían justificadas “por la ingeniería implementada para defraudar a mucha gente, por la escala penal prevista para esta clase de delitos y por el peligro de fuga”.
De acuerdo con el abogado, los imputados “han demostrado desprecio por el accionar de la Justicia, ocultando pruebas o evadiéndose”, como sucedió con Rodrigo, que se fue de Córdoba pocos días después de enterarse de la muerte de Suau.
Según Nayi, se trataría de “una maniobra defraudatoria a gran escala”, dado que los ahorristas “entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés del 27% anual sobre el saldo final”.
El abogado subrayó que, no obstante, en los últimos meses, en vez de recibir dinero fresco, tal como habían pactado con CBI por medio de un contrato de mutuo acuerdo, en la financiera les daban “cheques, de diferentes empresas, todos de procedencia dolosa o declarados como robados”.
Nayi precisó que en los próximos días serían formalizadas 80 denuncias penales más contra los directivos de CBI y que el perjuicio ocasionado por la financiera “ascendería a 20 millones de pesos”.