Desde diferentes organizaciones sindicales cuestionaron el proyecto del peronismo cordobés para limitar el derecho a huelga.
EL DIARIO consultó a dirigentes del gremio de los estatales (ATE), judiciales (AGEPJ) y de choferes de colectivos (AOITA). Todos coincidieron en rechazar la medida.
“Todavía estamos esperando al gobernador que venga a inaugurar el nuevo Hospital, que es un servicio esencial”, ironizó Arnaldo Molina, adjunto de ATE Villa María y trabajador del Hospital Pasteur.
“También hemos rechazado como organización iniciativas similares que impulsa el Gobierno nacional”, agregó, en referencia al discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde anunció que impulsará una iniciativa para limitar las protestas sociales y a las declaraciones del vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien dijo que hay que garantizar servicios esenciales, como la educación, evitando los paros docentes.
Jorge Montes, secretario general de AGEPJ Villa María, afirmó que la Provincia “no tiene injerencia en derechos establecidos en una ley nacional, como es la de asociaciones sindicales, donde está establecido cuáles son los servicios esenciales”.
Finalmente, Edgardo Garmendia, de AOITA, indicó que saben “que hay malestar cuando paramos y dejamos a la gente sin colectivo”, pero agregó “que no hay otra forma de reclamar cuando no te escuchan”.
Ejes del polémico proyecto
El proyecto de ley impulsa una serie de medidas que incluyen hasta pena de arresto para quienes no cumplan lo dispuesto en la normativa que será analizada en la unicameral.
En líneas generales, no anula el derecho a huelga, pero lo limita en dos aspectos: uno, por la obligatoriedad de ser comunicado con días de anticipación, y otro, porque no se puede concretar en los servicios considerados esenciales.
Cabe señalar que según el proyecto firmado por los legisladores de Unión por Córdoba Oscar González (presidente provisorio de la Legislatura), Daniel Gutiérrez (vice) y Sergio Busso (jefe bloque PJ), serán considerados servicios esenciales la educación, la salud, la seguridad, la Justicia, el transporte público y la higiene urbana.
En la misma iniciativa indica que hay sectores que directamente no pueden hacer medidas de fuerza organizadas sindicalmente. Estos sectores son los policías, funcionarios jerárquicos y de planta política del Poder Ejecutivo, legisladores, magistrados y funcionarios judiciales y miembros del servicio penitenciario.
