Legisladores de la oposición reconocieron ayer que hay que discutir sobre la prestación de servicios esenciales durante las huelgas, pero advirtieron que el proyecto que impulsa el Gobierno de José Manuel de la Sota, para limitar las protestas, puede chocar con disposiciones de la Constitución Nacional.
“La sociedad piensa que hay que limitar las huelgas. Aunque la sociedad cree también que los médicos y los docentes deben estar mucho mejor pagos; está cansada de los paros sorpresivos. Hay que encontrar un punto de equilibrio, sin poner en contraposición esos intereses”, afirmó Liliana Montero, del Frente Cívico y Social (FCYS).
En el mismo sentido, la legisladora manifestó que “los trabajadores son parte de la ciudadanía. Hacer aparecer esto como una rivalidad entre derechos (de los ciudadanos y de trabajadores) saca de la escena a uno de los actores centrales: el Estado. En todo caso hay contraposición de intereses entre los ciudadanos y el Estado, que debe dar respuesta”.
Por su parte, el legislador radical Rodrigo de Loredo expresó: “Sobre el concepto que en algunos servicios es importante garantizar, ante acciones directas de huelga, algunos servicios mínimos, no tengo dudas de que vamos a estar de acuerdo desde el bloque del radicalismo”.
“La dificultad la vemos en cómo se puede instrumentar eso desde la Legislatura de Córdoba, porque sabemos bien que al derecho de huelga lo regula el Congreso de la Nación. Queremos ver cómo salvan ese escollo desde el oficialismo”, advirtió el legislador.
En la misma dirección, De Loredo criticó el hecho de que, “desde hace un tiempo, la Legislatura tiene una agenda fantasiosa”, tras lo cual agregó: “No sea cuestión que discutamos un proyecto para concentrar el debate en un tema que no tendrá ninguna consecuencia práctica, por cuestiones de competencia”, debido a que el derecho de huelga tiene regulación de la Constitucional Nacional.
Con anterioridad, el gobernador De la Sota defendió el proyecto de ley que prevé limitar el derecho de huelga y excluirlo en el caso de los servicios públicos esenciales, iniciativa que es duramente criticada por las organizaciones gremiales de la provincia.
“Los derechos no son absolutos. Todos tenemos límites. Esto no significa que se esté atentando contra la organización sindical. Yo soy peronista. Para mí, los sindicatos son muy importantes y reivindico su rol”, aseveró el mandatario a la prensa.
El gobernador insistió en que el proyecto de ley que impulsa el bloque delasotista de Unión por Córdoba (UPC), “tiene la virtud de abrir las puertas al gran debate sobre el derecho de los ciudadanos a recibir los servicios”.
Por el contrario, las dos CGT en que se divide el gremialismo (la CGT Regional Córdoba, y la Nacional y Popular Rodríguez Peña) ya coincidieron en rechazar el proyecto de ley, que apunta a garantizar la prestación de los servicios esenciales durante las huelgas.
“Nuestra oposición (al proyecto) ya se la comunicamos, en su momento, al gobernador De la Sota, cuando en enero pasado había versiones de una iniciativa de este tipo”, aseveró José Pihen, uno de los titulares de la CGT Regional, y legislador de UPC.
El proyecto cuestionado, impulsado por los legisladores Oscar González, Sergio Busso y Carlos Gutiérrez, se denomina “Garantías para el acceso a los servicios esenciales” y versa sobre objetivos que en su momento hizo públicos el mandatario provincial.
Alcoholemia: habrá multas desde $2.438 hasta $14.628
El Gobierno de Córdoba difundió ayer los valores de las multas por los controles de alcoholemia de la Policía Caminera.
Con la firma del secretario de Seguridad de la Provincia, Matías Pueyrredón, se publicaron en el Boletín Oficial los montos de las sanciones económicas que se aplicarán por infringir la Ley de Alcoholemia Cero, sancionada en la Legislatura.
- Conducir con una tasa de alcoholemia de hasta 0,2 gramo por litro de sangre y se manifiesten razones médicas: $2.438.
- Conducir con una tasa de alcoholemia de hasta 0,4 gramos por litro de sangre: $2.438.
- Conducir con una tasa de alcoholemia superior 0,4 y menor a 0,55 gramos por litro de sangre: $4.876.
- Conducir con una tasa de alcoholemia superior 0,55 y menor a 1 gramo por litro de sangre: $9.752.
- Conducir con una tasa de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre: $14.628.
- Conducir habiendo ingerido estupefacientes, psicotrópicos, etcétera: de $2.438 a $4.876.
- Negarse a realizar prueba de alcoholemia: $14.628.
Salvo en el primer caso, en el resto de las situaciones corresponde el retiro de la licencia de conducir y una inhabilitación para manejar de tres meses hasta un año.