El presidente de la compañía financiera CBI Cordubensis, Eduardo Rodrigo, se presentó ayer ante la Justicia Federal, en el marco de la investigación por el funcionamiento ilegal y clandestino de la entidad, y dijo sospechar que su socio, Jorge Suau, “fue asesinado”.
“Me fui de Córdoba el mismo día que encontraron a mi socio muerto. No lo hice para evadirme de la Justicia ni de la responsabilidad de la empresa, sino por miedo. Tuve mucho miedo por mi vida”, manifestó Rodrigo antes de ingresar al Juzgado.
El financista sólo se limitó a leer un breve texto en el que señaló que a su socio “lo han matado. Todos los días tengo esa idea en la cabeza. Aún no me convenzo de la idea del suicidio”, dijo, y añadió que estuvo trabajando para sacar adelante a la compañía que cerró sus puertas el mismo día que encontraron muerto a Suau y perjudicó a numerosos ahorristas.
“Lamento profundamente lo que pasó con la empresa Cordubensis CBI. Todo sucedió muy rápido. Trabajaremos para dar una respuesta”, manifestó Rodrigo y pidió “perdón” a su familia, a sus clientes y empleados y dijo que va a colaborar con la Justicia.
El abogado Carlos Palacio Laje, defensor de Rodrigo, precisó que el financista sólo se iba a notificar del pedido del juez Ricardo Bustos Fierro para que se presentara y aclaró que “no va a ser indagado hoy (por ayer) y tampoco va a quedar detenido”.
Rodrigo es uno de los nueve imputados, vinculados a la compañía CBI, por los delitos de “asociación ilícita”, “estafa”, “intermediación financiera clandestina”, “evasión tributaria” y “lavado de dinero”, en la causa que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari.
Los restantes imputados son Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, fundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; además de Daniel Tissera, Luis de los Santos, Víctor Eduardo Alaniz, Doris Liliana Puccetti, José María Núñez y Oscar Américo Altamirano.
Suau fue encontrado muerto en su automóvil el 13 de febrero, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono, y la causa del deceso es investigada por la Justicia provincial, en tanto que la Justicia Federal investiga lo referente al funcionamiento de la financiera y el origen de los fondos que operaba.
CBI Cordubensis SA estaba habilitada únicamente para operar con cajas de seguridad y no como entidad financiera, ya que no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En la investigación colaboran equipos especializados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en tanto el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, solicitó ser querellante en la causa, por el presunto delito de “lavado de dinero” que involucraría al caso.