A través de una carta abierta los vocales del Tribunal de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany, se solidarizaron con los concejales Nora Landart, Carlos Gagliano y Darío Capitani por su actuación en el Concejo Deliberante durante el debate que se dio en torno al estacionamiento medido y su concesionaria.
A continuación, reproducimos textualmente el escrito redactado por Naselli y Maristany.
“Como tribunos y ciudadanos, deseamos expresarles nuestra adhesión solidaria por vuestra postura asumida con motivo de la ratificación, por parte de la mayoría oficialista del Concejo Deliberante, del convenio con Federación Mercantil de Villa María (FM) como concesionaria del sistema del “estacionamiento medido” establecido en nuestra ciudad.
Hace más de cuatro años, dijimos que la cesión a FM, fue el fruto de un proceso espurio, para beneficio de esta Federación cuyos principales dirigentes (¡Oh, casualidad!) participan de la conducción de la CGT local.
Todo parte de un proceso licitatorio, urdido exprofeso, para que el sistema fuera explotado por gente afín al Gobierno municipal. Premeditadamente, en los pliegos licitatorios (y por ordenanza), se incluyó una cláusula que, contradiciendo los preceptos básicos del Derecho Administrativo (y también de la moral y de la ética pública) permitía al beneficiario del proceso, “ceder” sus derechos a un tercero, con el simple consentimiento del municipio.
Dicho de otra forma, si el concesionario elegido, luego, por cualquier razón, decidía renunciar al contrato de concesión, en lugar de dejarse sin efecto el mismo, y llamar a un nuevo proceso licitatorio (que es lo que hubiera correspondido legal y éticamente), con furtiva intencionalidad, se dejó abierta la posibilidad de que el concesionario incumplidor, traspasara sus derechos a un tercero. Este ardid contractual fue la llave por la cual, Federación Mercantil, que jamás participó de la licitación, resultara a la postre beneficiara de la misma.
Los hechos posteriores ratificaron lo expuesto. La firma ganadora (ATGE SA) nunca puso en marcha el sistema comprometido. Desde marzo de 2002 (fecha del contrato adjudicatorio) hasta octubre de 2008, ATGE no realizó ni una sola acción relacionada con la actividad comprometida (salvo la esporádica remoción de vehículos en infracción). Es más que evidente que ante tamaño incumplimiento, sólo cabía acusar el quiebre contractual, y llamar a nueva licitación.
Pero lo que se mantenía en bambalinas era una situación que debe ser merituada para comprender lo sucedido. El 29 junio de 2004 es designado apoderado de ATGE SA alguien vinculado entrañablemente al señor intendente. Por esas “casualidades” del destino, esta misma persona, también ha desempeñado (y desempeña) altos cargos en el Gobierno municipal. Ha pasado por Eninder, ha ejercido funciones en el aeropuerto regional, y actualmente se desempeña en el Instituto Municipal de Inversiones (IMI). Sólo una persona de la absoluta confianza del Sr. intendente puede haber ocupado tales cargos. Y tal “hombre de confianza” del Sr. Accastello resultó apoderado de la empresa que (siguen las casualidades) ganó la licitación.
Tan es así que es él mismo quien, en representación de ATGE estampa su firma al pie del acta de cesión. Y al lado de su firma estampa la suya el intendente. Todo ello está perfectamente documentado y a disposición de cualquier juez o fiscal que lo solicite.
Esto demuestra que el “consentimiento” del municipio, deriva de una colusión, connivencia y complicidad de voluntades y que ATGE, municipio y Federación Mercantil pergeñaron, concibieron un acuerdo viciado, al que adhirieron funcionarios de distinto nivel, avalando o justificando tal operatoria.
El 5-10-10 (Res.101) afirmamos: “…no podemos silenciar el tremendo error en que se incurre al permitir que el adjudicatario, seleccionado por el procedimiento de licitación pública, y que ha sido escogido por un medio técnico idóneo tan complejo, (en este caso, ATGE), puede luego ceder graciosamente su derecho aún con la licencia del licitante, violando incluso los derechos de los terceros participantes del acto licitatorio, y que no fueron seleccionados en esa oportunidad. No encontramos explicación alguna que nos lleve a entender cómo, un cuerpo legislativo pudiera cometer error tan grosero, salvo que en realidad no haya existido tal “error”, y que esa norma haya sido introducida de manera premeditada…”
Hoy FM, está usufructuando los beneficios económicos de un sistema concedido por la comuna, pero que escapa a todo control institucional. Es una especie de juego de perinola, donde todos ponen, pero sólo unos pocos sacan.
Quizás la anomia institucional que corrompe el tejido social de la Argentina (Villa María no es la excepción), explica que este estado de cosas se extienda como mancha venenosa. Esta “anomia” es un estado en el cual “las reglas sociales se han degradado o directamente se han eliminado y ya no son respetadas por los integrantes de una comunidad”. Y este concepto le cabe no sólo a las personas individuales, sino a cierta intelectualidad supuestamente pensante, a Instituciones intermedias y en particular a algunos fiscales, que en Villa María “miran para otro lado” cuando de conductas irregulares “del poder” se trata.
Hemos leído con asombro las invectivas de quienes se rasgan las vestiduras, porque en el recinto del Deliberante se escuchan voces distintas. Son las voces de quienes no se abroquelan en estructuras ultra verticalistas y dan cara a quienes huyen del debate.
Les exhortamos a seguir defendiendo el pensamiento crítico, frente a la obediencia debida y al aplauso servil.
Vuestra tarea en defensa de los valores de la “República” no podrá ser acallada por ninguna “mayoría ocasional” que esgrime, como única razón, la prepotencia del número”.
