Ambos trabajadores de la educación confiaron en que a través de gestiones con el obispo Samuel Jofré (cuyas raíces por la rama materna están en esa ciudad), podían solucionar el conflicto. Se entrevistaron con el prelado, a quien le dijeron que el problema principal que tuvieron con el sacerdote Pérez es que rechazaron invitaciones de contenido sexual.

El obispo prometió analizar la situación, pero al menos hasta ayer, cuando ya se conocen cambios en la Diócesis, el sacerdote no fue removido de su rol en la parroquia ni en la escuela, que depende de la Iglesia.

Ante la falta de respuestas, Donolatto y Rossi, patrocinados por el abogado olivense Oscar Chiarini, fueron a la Justicia a iniciar una demanda de reinstalación, dado que entienden que al no mediar causales de despidos, no hay motivo para que se sigan desempeñando como lo venían haciendo.

“Todavía no nos notificaron fecha de audiencia”, informó Chiarini a EL DIARIO.

Además del pedido de volver al trabajo, hicieron una demanda por daño moral, dado que, entre otros pesares, Donolatto, padre de dos hijos y separado, no pudo seguir viviendo con los menores que tenía a su cargo por la falta de empleo.

“Lo claro hasta ahora es que la acción judicial va a llegar hasta las últimas consecuencias, para tratar de poner la verdad de los hechos tal cual ocurrieron. La gente está muy enojada por esta situación y más aún cuando el obispo dijo que en Oliva hay  una moralidad muy baja, no haciéndose cargo de los actos impropios de su propio cura, lo que como Iglesia avergüenza, máxime si vemos las señales claras que está dando el Papa Francisco respectos a hechos de esta naturaleza”, concluyó Chiarini.