Desobediencia fiscal, mal asesoramiento profesional, desconocimiento tributario, desidia y desinterés u olvido, son los conceptos que podrían responder las preguntas que surgen al conocer los cerca de 300 mil metros cuadrados de edificación que en Villa María y Villa Nueva no fueron declarados ante la Provincia por propietarios de inmuebles.

La irregular situación que involucra a cerca de cuatro mil quinientos frentistas de ambas Villas, que ya genera un intenso movimiento en la delegación local de la Dirección General de Catastro, fue comunicada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial del 26 de febrero pasado.

En el texto oficial se hace alusión a lo informado por el área Tecnología Informática respecto “a la necesidad de incorporar en la base de datos de Catastro las mejoras detectadas, con motivo de la interpretación de imágenes satelitales Quick Bird del año 2011”.

Tres años atrás y por disposición del Gobierno provincial se contrató el servicio de este satélite que obtiene imágenes que luego son analizadas por especialistas de la firma Kolector (empresa privada que participó y ganó una licitación internacional lanzada por el Gobierno cordobés para colaborar con la Dirección General de Rentas de Córdoba en el cobro y liquidación de deudas).

Precisamente desde esta firma privada es desde donde se remiten las notificaciones que se distribuyen entre los que incurren en infracciones.

En cuanto a la calidad de lo relevado, fuentes consultadas por este medio indicaron que la precisión es cercana al 100%, distinguiéndose así de otros censos donde se utilizaron avionetas u otros vehículos aéreos para el logro de fotografías.

No obstante al nivel de veracidad que tiene el análisis satelital, los vecinos notificados pueden rechazar el procedimiento y recurrirlo mediante la apertura de un expediente en la delegación local de Catastro. En el documento, aseguran la dimensión del edificio que consideran correcta.

Según pudo conocer este medio, en el espacio que funciona en el mismo edificio que la Dirección de Rentas ya se han completado once cajas repletas con expedientes de vecinos que recibieron notificaciones por haber sido detectadas mejoras o nuevas construcciones en viviendas o lotes que les pertenecen.

Consultados sobre el tema, en la oficina villamariense de Catastro sostuvieron que todos los años se hacen estos estudios del terreno habida cuenta del volumen constructivo existente en la ciudad y la región.

Con un margen operacional acotado y una gran dosis de esfuerzo, los responsables del registro catastral local han detectado por sus propios medios (desde el llano y contando sólo con un sistema digital de información territorial) irregularidades que han motivado la intervención de los funcionarios.

“Tal vez la gente no conozca cómo debe proceder y solamente declare los metros construidos en el municipio sin saber que, en primera instancia, no hace falta contar con los planos para inscribirse en Catastro ya que también pueden hacerlo a través de una declaración jurada. Luego el trámite se completa con los documentos faltantes”, explicaron en la dependencia oficial como causal del gran desfasaje existente entre los registros comunales y provinciales (ver página 5).

Ahora y con las notificaciones que dan cuenta de los cambios edilicios detectados, la discusión se reduce al circuito contribuyente-Catastro-Kolector.

Si lo relevado es preciso el impuesto inmobiliario del frentista involucrado puede verse afectado. En el caso de que el estudio no haya sido certero, por lógica no existe modificación alguna para el contribuyente.

Lo que sí queda en el aire es por qué miles de habitantes incurren en una acción deliberadamente ilegal. Las contestaciones las tiene cada uno de aquellos que optaron por ocultar su realidad.

 

La palabra oficial

 

“Mediante el análisis de las imágenes (obtenidas por el satélite) se ha podido verificar que existe diferencia entre las mejoras incorporadas en la Base de datos con las que surgen en las mismas. Por ello, con el objeto de garantizar los principios de legalidad, equidad y capacidad contributiva en la percepción del impuesto inmobiliario, corresponde disponer la incorporación a los registros catastrales de las mejoras detectadas, a fin de que impacte en la valuación de dichos inmuebles y consecuentemente en la base imponible (valor catastral de la propiedad)”, precisaron desde la dependencia que conduce a nivel provincial el ingeniero agrónomo, Gustavo García.

Por otra parte y luego de aclarar que a pesar de las imágenes que fueron captadas en 2011, corresponde asignarles vigencia a partir del 1 de enero de 2012, subrayaron que “el procedimiento implementado no exime al contribuyente del cumplimiento de la obligación de denunciar cualquier cambio que pueda modificar la valuación de sus inmuebles”.

 

No estaban tan baldíos

 

Párrafo aparte merece la detección de propiedades en terrenos que estaban declarados como baldíos. 

En esta sintonía y según lo describe la Dirección de Catastro en una resolución especial publicada en el Boletín de la provincia, la ciudad de Villa Nueva contaría con 22 mil metros de edificaciones sin ningún tipo de registro. Como característica especial se puede destacar que muchos de los lotes ahora ocupados pertenecen a empresas y firmas que utilizaron los lugares como depósitos o sedes de sus emprendimientos.