El abogado Carlos Nayi pidió ayer a la Justicia Federal que se impute al empresario villamariense Darío Ramonda, en el marco de la causa en la que se investiga a la financiera CBI Cordubensis SA por presunto “lavado de dinero” y otros delitos.
El letrado cordobés, representante de los denunciantes, solicitó que también se acuse al titular del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), Fabián Maidana, al empresario capitalino Euclides Bugliotti y a los responsables de la firma Bacar, Juan Carlos Barrera y sus hijos Mariano e Iván.
En su declaración de la víspera ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro, el presidente de CBI, Eduardo Rodrigo, insistió en que la financiera era una “mesa de dinero” desde sus inicios, en el año 2008, por lo que el actual titular del Banco de Córdoba, y socio fundador de CBI, Maidana, estaba al tanto de esos movimientos.
En tanto, los nombres de los empresarios Ramonda y Bugliotti fueron refrendados por el propio Rodrigo, especialmente en su segunda declaración ante el juez que tiene a su cargo la causa.
Al hablar con algunos medios de prensa, Nayi precisó que “la prueba acercada a la Fiscalía fue corroborada por el propio Rodrigo, quien declaró que trabajó en Centro Motors (la concesionaria presidida por el villamariense Ramonda) e involucró a Bugliotti. Ya no son indicios”.
“Se pide que se determine el nivel de responsabilidad que estas personas tienen respecto de la maniobra principal y esta actividad engañosa”, explicó el abogado.
Rodrigo es uno de los nueve imputados, vinculados a la compañía CBI, por los delitos de “asociación ilícita”, “estafa”, “intermediación financiera clandestina”, “evasión tributaria” y “lavado de dinero”.
Los restantes ocho acusados que por el momento tiene la causa son Julio César Ahumada y Aldo Ramírez, cofundadores de la financiera y socios de la consultora Dritom Solutions; Daniel Tissera y Luis de los Santos, socio y empleado jerárquico de CBI, respectivamente; el periodista Víctor Eduardo Alaniz, la escribana Doris Liliana Puccetti; José María Núñez, cuya pareja tenía en su casa el servidor “en negro” de la financiera, y Oscar Américo Altamirano.
La investigación a la financiera CBI se inició en febrero cuando su vicepresidente, Jorge Enrique Suau, fue encontrado muerto en el interior de su automóvil, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono.
A partir de esa situación, la compañía cerró sus puertas y dejó un importante número de ahorristas que no pudieron recuperar su dinero.
CBI Cordubensis estaba habilitada únicamente para operar con cajas de seguridad y no como entidad financiera, mientras que en la compleja investigación colaboran equipos especializados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Por su parte, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, solicitó ser querellante en la causa.