La historia puede enriquecernos si la entendemos como una relación con el pasado mediante la cual, haciendo uso del sentido crítico, intentamos incorporar elementos que nos ayuden a comprender los procesos históricos del presente. Igual, al ser la historia terreno de disputas, se sabe que en las sociedades existen hechos pretéritos sobre los que, por diferentes razones, actúa con mayor fuerza el olvido, o el encubrimiento, que la memoria. 

Si bien la historia no es lo mismo que la memoria, es innegable que ésta se nutre de lo que aquélla no entrega a la niebla del olvido. Aunque también debe tenerse presente que la historia suele vivir en la academia sin llegar a ser lo vivo que resulta la memoria de un pueblo que construye su camino sin olvidar las experiencias que le han tocado en el pasado. 

En 1983 nuestro pueblo eligió no echar un manto de olvido, no pasar la página de la historia y de esa manera comenzar el camino de la democracia con la búsqueda de la justicia como norte. Salíamos del que quizás ha sido el período más terrible del pasado argentino, pero en aquellas elecciones se optó por quienes proponían castigar a los culpables. Y si bien en un momento se votó por las detestables  leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue el mismo Raúl Alfonsín quien muchos años después dirigió una nota a los legisladores que votarían la anulación de esas normas, explicando que las mismas no obedecieron a sus convicciones. La iniciativa de la anulación fue llevada adelante por la legisladora de la Izquierda Unida, Patricia Walsh. 

Mañana se cumplen diez años de otro momento que mucho tiene que ver con la memoria de nuestro pueblo. Se cumplirá una década de que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, arribó a Campo de Mayo, en el Colegio Militar, le ordenó al jefe del Ejército teniente general Roberto Bendini que procediera y éste descolgó dos cuadros de la galería de los directores de ese establecimiento. Eran los de Jorge Rafael Videla y Roberto Bignone, ex presidentes de facto durante la dictadura desaparecedora de personas. Así como hacía años se había logrado que los militares tuvieran que sentarse en el banquillo de los acusados en un tribunal civil, en ese acto se puso en escena la obediencia al poder político por parte de los militares. Cuestión que se reafirmó cuando ese día les dijo a los militares presentes "Nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional". Atrás habían quedado las épocas de leyes como las mencionadas anteriormente  y el indulto dictado por el presidente Carlos Menem (que también fuera anulado).

El acto de descolgar los cuadros tuvo una gran carga simbólica, tal cual lo tendría si en nuestra provincia se descolgaran los cuadros de quienes se volvieron contra las autoridades constituidas a partir de procesos democráticos. Sin ir más lejos, en la capital provincial, en la sede central de la Policía cordobesa. En una pared en la que cuelgan los retratos de quienes han dirigido esa fuerza, se encuentra el del coronel Antonio Domingo Navarro quien el 28 de febrero de 1974, siendo jefe de la Policía provincial, se levantó contra el Gobierno que lideraba Ricardo Obregón Cano junto a su vicegobernador Atilio López, gremialista de UTA.  Los dos integraron la fórmula electoral del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), conformada principalmente por el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia Cristiana, el Partido Conservador Popular y el Movimiento de Acción Popular. En la segunda vuelta electoral el Frejuli superó el 50% de sufragios. La fórmula justicialista contó con el apoyo de sectores progresistas del peronismo y el sindicalismo cordobés que no pertenecían a la burocracia sindical.

 

Infección
 

Desde el regreso de Perón al país, la derecha peronista dio pasos firmes en contra de la denominada Tendencia Revolucionaria del propio justicialismo. En “La Voz del Interior”, del 5 y el 6 de febrero de 1974, puede leerse: “Las 62 Organizaciones” declararon persona no grata al gobernador de Salta, Miguel Ragone, apoyado por la izquierda peronista. Por su parte la CGT de Santa Cruz hablaba de “infiltraciones marxista en el Gobierno provincial”. El propio presidente Perón, en mensaje a la mesa directiva de las “62 Organizaciones Peronistas” y al secretario general de la CGT dijo, el 20 del mismo mes, “en estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes saben, es un foco de infección. Se están produciendo algunas fuerzas que son tan enemigas del gobierno como de las 62…”. Luego agregó: “El problema reside en que dicen que hay infiltrados dentro del Gobierno, pero no es necesario pelear para sacar a los infiltrados. No hay que provocar esas situaciones… Hay formas y formas de realizarlo. Tenemos que hacerlo con buena letra…”. Estas expresiones pueden constatarse en la edición de “La Voz del Interior” del 21 de febrero de aquel año y también en el Tomo XXV de las “Obras Completas” del general. Pero “los muchachos” no hicieron buena letra, quizás la forma pendular de conducción del anciano y enfermo líder, ya no eran tan efectivas.

A finales de 1973, en Córdoba los trabajadores habían logrado que el Gobierno dictara un aumento salarial y los empleados públicos que la Legislatura avanzara en la aprobación del Estatuto del Empleado Público. El 12 de febrero, el Ministerio de la Nación comunicó que Córdoba estaba rompiendo el Pacto Social. La patronal del transporte realizó un “paro patronal”, el 19 de febrero. Al otro día “La Voz…” informó que 350 ómnibus, de los 900 habituales, no hicieron su recorrido. Para entonces ya se decía públicamente que el jefe de la Policía, Navarro, andaba de reunión en reunión “conspirando contra la continuidad institucional de la provincia”.

 

La Policía arresta al gobernador

 

Cuando Obregón Cano, hombre vinculado a los sectores del peronismo de izquierda, el 27 de febrero le hizo saber al feje de Policía que era relevado de su cargo, el militar se declaró en rebeldía. El Gobierno lo exoneró y la Policía se amotinó en el Cabildo, según “La Voz…” con ropa de fajina y armas largas “no dejan pasar peatones” por la plaza San Martín de la capital provincial. Por la noche en la Casa de Gobierno detuvieron al gobernador, al vicegobernador, legisladores y otros funcionarios. Horas más tardes atacaron con bombas, edificios de medios de prensa, la casa del gobernador y la de otros funcionarios. También se hicieron numerosos allanamientos, produciéndose detenciones ilegales de dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles. La patronal del transporte puso sus colectivos, que antes había sacado de circulación, al servicio de los grupos civiles armados para apoyar el comisario y su gente. “Las 62 Organizaciones” dieron su apoyo al golpe y convocaron a un paro por tiempo indeterminado en “adhesión a la valiente y patriótica actitud tomada por el peronismo de Córdoba en apoyo a su Policía”. Fue esa una medida que, junto al prestigio que el presidente de la Nación tenía en el sector obrero, erosionó la capacidad de respuesta de los trabajadores.

 Sectores peronistas como el liderado por Julio Antún apoyaron el golpe realizado por el jefe policial. La denominada Juventud Sindical Peronista comandó grupos de civiles armados que ayudaron a la Policía en la custodia de sedes gremiales, universidades y los barrios capitalinos. Por su parte la intersindical, con el prestigioso y claro liderazgo de Agustín Tosco, junto a sectores de la CGT que adherían a la figura de Atilio López, pidieron la restitución del Gobierno constitucional.

 El jueves 28, Mario Agodino, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, se hizo cargo del gobierno. El historiador Norberto Galasso en su biografía de Perón recuerda que: “El sábado 2 de marzo, las radios informan que hay seis muertos a consecuencia de los disturbios”. Luego, como validación del golpe, el Poder Ejecutivo de la provincia sería intervenido y se sucederían interventores, incluyendo al comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez, quien en 1975 fuera designado en calidad de tal por Italo Lúder, presidente provisorio de la Cámara de Senadores de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación. ­Entre las motivaciones para el golpe que Navarro expuso la necesidad de controlar esas fuerzas enroladas en la izquierda que, supuestamente, provocarían un desborde. Es decir, venía a curar la infección. Llegaban los dueños del terror al poder, un camino que se profundizaría a nivel nacional. En este 2014 se han cumplido cuarenta años del Navarrazo, y el cuadro del jefe policial sigue colgado. ­Cada tanto aparecen discursos que hablan de democratizar esa fuerza y de distintas problemáticas que la misma no puede resolver.

Sería saludable que la autoridad política ordenara que se bajara el retrato de Navarro.