Durante la jornada de ayer, el tribuno de Cuentas José Naselli y el edil del Partido Villamariense Darío Capitani volvieron a reflotar los entretelones de un hecho que, en torno a la cesión del estacionamiento tarifado de ATGE SA a Federación Mercantil Villa María (FMVM), abrirían sospechas tanto dentro del Gobierno local como de referentes de la entidad que preside Héctor Maccarini.

El eje de la polémica, por las precisiones aportadas por Naselli y Capitani, está precisamente en el acta-acuerdo, rubricada en octubre de 2008, donde los de ATGE expresaban su voluntad de ceder a FMVM la concesión otorgada respecto al estacionamiento medido y tarifado, todo en presencia de la Municipalidad (representada en este acto por el intendente Eduardo Accastello) que prestó conformidad a la gestión concretada.

El detalle fue que al documento de cesión le faltó en aquel momento la firma del representante de ATGE, Luciano Di Tella. La omisión de la rúbrica, según manifestaron, implicó un problema para que el contrato sea válido.

Por esa, y por varias otras razones, los tribunos observaron y rechazaron las órdenes de pago (producto de multas por infracciones recaudadas por la comuna, pero que se transferían en propiedad a FMVM).

En 2010, el intendente insiste, a través de una nota remitida al Tribunal de Cuentas, para que las órdenes de pago fueran aprobadas. Como fundamento de su posición acompaña a la misiva con una copia del acta-acuerdo, estableciendo así el primer eslabón de una serie de desaciertos, tropiezos y situaciones que los responsables de la misiva, consideraron dignas de intervención judicial.

 

Plumas falsas

 

En el relato de lo acontecido, el tribuno y el concejal precisan que la segunda acta-acuerdo presentada “lleva incorporado un ‘garabato’, cruzado por un sello que rezaba ‘ATGE SA - Luciano N. F. Di Tella - presidente’, antecedido de un texto manuscrito (presuntamente fechado el 6 de noviembre de 2008 en Buenos Aires) y que dice: ‘Ratifico lo actuado anteriormente por Omar Regueira’ (sic)”.

“Sorprende que Di Tella pudiera haber realizado tan vacua, tan pueril manifestación, ya que Regueira, según el documento, no había participado de actuación alguna”, manifiestan sorprendidos los autores del pedido de informes.

“La copia portadora del ‘garabato’ que simularía la firma de Di Tella aparece introducida previamente por Maccarini, secretario de FMVM. Ello mediante una nota fechada supuestamente el 19 de noviembre de 2008, dirigida al entonces secretario de Gobierno (hoy legislador provincial) Héctor Muñoz. Allí, Maccarini pide a Muñoz se proceda a emitir un decreto que habilite a la Federación para el cobro”, aseguraron los denunciantes.

La movida les generó preguntas: “¿Cuál era la ‘necesidad’ de acompañarle al doctor Muñoz una segunda copia, cuando el municipio ya contaba con los originales firmados?; ¿cómo es posible que Maccarini solicitara un decreto de cesión, si el municipio no tenía nada que ceder, ya que no obraba como cedente?”, interrogan el vocal y el legislador.

Como corolario de la jugada oficial, el mismo día que el intendente agregó la segunda versión del acta-acuerdo, Naselli y Capitani rememoraron que “el entonces secretario Legal y Técnico (hoy concejal del bloque oficialista) Mauro Beltrami, concurrió en persona a las oficinas del Tribunal para advertir a los tribunos que la nueva versión documentaria (la del garabato), no se había acompañado antes porque estaba perdida, pero  que buscando y buscando había sido encontrada en  el fondo de un cajón de un escritorio que utilizaba el doctor Muñoz cuando era secretario de Gobierno”. 

“Esa presunta ratificación de Di Tella no variaba en nada la ilegalidad de los pagos a favor de FMVM. A partir de allí los tribunos se abstuvieron de avalar las sucesivas órdenes de pago. El intendente, por su parte y bajo su responsabilidad personal, ignorando las observaciones de los vocales, autorizó los pagos posteriores”, resume el texto enviado en simultáneo a distintos estamentos de la comuna.

Como broche de oro y en consonancia con otros actos de gobierno reprochados por los tribunos, el caso -según los autores del informe- se promovió cerrar en el Concejo Deliberante aprovechando la mayoría oficialista para aprobar una ordenanza que legitima los pagos. 

En palabras de Naselli y Capitani “se intentó cerrar o cancelar un caso de patología jurídica, cadena de verdaderos disparates que culminan con una ordenanza ratificatoria de una cesión que jamás fue realizada”.

 

Mal parados

 

La trama de la historia pega un salto hasta el 30 de agosto de 2011 (o sea, tres años después de la fecha del “acta-acuerdo”). Luciano Di Tella se presenta espontáneamente ante el escribano David R. Obarrio de la ciudad de Buenos Aires y manifiesta que “el 27 de octubre de 2008 se había reunido con el intendente Accastello y con Maccarini y que en esas circunstancias les manifestó la decisión de ATGE de ceder a FMVM los derechos como concesionario del ordenamiento del estacionamiento”. 

En el encuentro, según Di Tella, el intendente otorgó su consentimiento para la cesión y Maccarini aceptaba los términos de la misma.

El titular de ATGE en su declaración también admitió “que por una omisión circunstancial no aparece mi firma al pie del acta-acuerdo”, dejando mal parados a todos los que dieron por legal la presentación de la copia con la supuesta firma de Di Tella.

Vale destacar que no obstante a esta situación, con la aparición de la declaración documentada ante escribano, (“recién a partir de entonces”, sostienen), los tribunos dieron por cumplido el requisito de la expresión de voluntad faltante (la voluntad de ceder) y por esa razón comenzaron  a habilitar administrativamente los pagos.

Sin embargo, los motorizadores de la solicitud de informes aclararon que  “no puede obviarse que la segunda versión del acta fue adulterada, insertándose una leyenda apócrifa, inventada, coronada por un garabato simulando una firma postiza y disfrazada, utilizando un sello aclaratorio que en forma aviesa y malintencionada trataba de remedar una declaración de voluntad inexistente”.

“De lo expuesto, surgiría la sospecha de que se ha incurrido en una conducta de sesgo delictual. A los efectos de no proceder con ligereza, los tribunos esperan todavía alguna aclaración”, enfatizaron.

Apuntando directamente al intendente, Naselli y Capitani solicitaron explicación por “la decisión de ignorar las claras constancias documentales sobre la inexistencia de un convenio jurídicamente hábil”. 

Por otra parte y como conclusión, el legislador y el tribuno también instaron a que el mandatario los ilustre “sobre su omisión de investigar, indagar, informarse sobre la duplicidad contractual urdida y denunciarla (ya que los contribuyentes resultaron damnificados por este claro hecho de corrupción)”.