Informe: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)

Ante la requisitoria de legisladores, motivadas por el agravamiento de la inseguridad, el jefe de Gabinete dejó traslucir que la gestión de la Policía y la Justicia es responsabilidad de las provincias. La respuesta es correcta, pero parcial, ya que parte del problema también se genera por la centralización de fondos públicos. De todas formas, es imprescindible una autocrítica a nivel de los gobiernos provinciales tanto por haber permitido el avasallamiento del federalismo como por perseverar en la mediocridad de la gestión en sus responsabilidades. 

Los episodios de linchamientos ocurridos en varios lugares del país manifiestan el hartazgo y la pérdida total de confianza en los mecanismos institucionales de prevención y sanción de delitos. Obviamente que lejos de aportar soluciones, los actos de violencia espontánea agregan incertidumbre a las garantías de integridad física y derechos a la propiedad. Por eso resulta tan pertinente como urgente restablecer la eficacia de los instrumentos con que cuenta toda sociedad moderna para combatir la inseguridad, esto es la Policía y la Justicia.

Debatido el problema en el Congreso Nacional, se señaló que las soluciones están en manos de las provincias, es decir, de las jurisdicciones a las que muchos de los diputados y senadores representan. El planteo tiene fundamentos ya que, si bien hay aspectos de la seguridad que corresponden al Estado nacional, como la protección de las fronteras, los delitos que con más frecuencia aquejan a la gente corresponden ser prevenidos y reprimidos por las policías y sistemas judiciales provinciales. 

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Distribución de recursos fiscales

 

Sin embargo, un análisis completo de responsabilidades requiere considerar también la distribución de los recursos fiscales entre jurisdicciones. En tal sentido, con datos del Ministerio de Economía referidos a recaudación nacional y provincial se puede estimar que: 

Entre los años 1993 y 2002, la presión impositiva total era, en promedio, del 21% del PBI, de los cuales 9 puntos iban automáticamente a las provincias y 12 a la Nación.

En el año 2013, la presión impositiva subió a aproximadamente 37% del PBI, de los cuales 14 puntos van a las provincias y 23 a la Nación.

Esto significa que la presión impositiva creció en la última década 16 puntos del PBI, pero 11 puntos, o sea $2 de cada $3 pesos, fueron a la Nación.   

Esta información, que no incluye el impuesto inflacionario, muestra el impresionante crecimiento de la presión tributaria en Argentina, al punto tal de colocar al país como el de mayor presión tributaria de Latinoamérica. Pero más importante aún es el hecho de que el grueso de esa mayor disponibilidad de fondos públicos fue apropiado por la Nación. Es decir, la jurisdicción que bajo la organización federal adoptada por la Constitución, no sólo no tiene responsabilidades de gestionar las policías y la Justicia, sino que tampoco tiene a su cargo la gestión de las escuelas, los hospitales públicos, la infraestructura urbana y la vivienda social. 

Un sector público más grande bajo semejante nivel de centralización genera un peor Estado. Los ciudadanos pagan cada vez más impuestos pero la inseguridad aumenta, la educación y la salud pública se deterioran, y la inversión en infraestructura y vivienda es insuficiente. La razón es que el grueso de los recursos públicos fluye hacia el nivel de Gobierno que no tiene las responsabilidades por estos servicios. De aquí que la centralización atente contra la construcción de un buen Estado.

La degradación del régimen federal amerita una profunda autocrítica en los sistemas políticos provinciales. Por ejemplo, cuando el Gobierno nacional impulsó la reforma del sistema previsional la gran mayoría de diputados y senadores, en representación de las provincias, votaron la eliminación del régimen de capitalización ignorando que la derivación del 15% de la masa coparticipable a favor de la ANSES estaba justificada en el financiamiento de la transición del sistema que se estaba eliminando. Es tan grave el error y sus implicancias que posteriormente varias provincias tuvieron que recurrir a la Corte Suprema para tratar de subsanar “el olvido” de los representantes de las provincias.