El diputado nacional por Córdoba Jorge Valinotto presentó un proyecto de ley tendiente a la reinserción laboral de quienes hayan cumplido condenas u obtenido la libertad condicional.
El proyecto establece la obligación de que el Estado nacional, en sus tres poderes -así como las empresas proveedoras o adjudicatarias de obras y servicios públicos- garanticen efectivamente un cupo del 5% del empleo público vacante, dejando a salvo el requisito de cumplimentar la idoneidad laboral requerida.
Asimismo, de aprobarse, se establecerían a favor de los empleadores del sector privado incentivos para proveer trabajo a las personas en tal situación, mediante exenciones y deducciones de los tributos que inciden sobre las remuneraciones.
La finalidad de la propuesta del legislador del Frente Amplio Progresista es que los exconvictos “sean reintegrados a la sociedad agotando los recaudos necesarios para que no vuelvan a delinquir por motivos económicos”.
“Los esfuerzos que se realizan por parte de instituciones tanto públicas como ONG, con el objeto de la reinserción social de quienes han cumplido condenas por delitos, requieren de una seria complementación en el ámbito laboral, a partir de otorgar la posibilidad a los liberados del sistema penitenciario de conseguir empleo en forma expeditiva”, precisó Valinotto.
En la fundamentación de la iniciativa elevada a la Cámara de Diputados, el dirigente del FAP recalcó que “es evidente que la existencia de una condena produce el extrañamiento de la persona respecto del mundo laboral”.
Para Valinotto las mencionadas personas “pierden al momento de cumplimiento de la condena la posibilidad de obtener honestamente el sustento propio y de la familia”.
“Esta situación se agrava por la apreciable cantidad de personas que el sistema penitenciario devuelve a la vida comunitaria con escasa protección.”
Finalmente, la propuesta promueve que tanto los organismos públicos competentes, como las ONG dedicadas a dicha función reintegradora, adquieran un rol protagónico respecto de tal mecanismo.
