Según se desprende del informe estadístico que refleja la labor de la Subdelegación del Ministerio de Trabajo que conduce en Villa María Alfredo Sosa, más de la mitad de los trabajadores en negro detectados tras las inspecciones de esa cartera, fueron registrados.

El informe enviado desde la cartera laboral a EL DIARIO da cuenta que desde la inauguración de la Subdelegación, producida en abril de 2013, se realizaron 580 inspecciones, en las cuales relevaron a 1.670 trabajadores.

De ese total, detectaron que 411 estaban en negro. 

El dato para destacar es que las empresas que no cumplen con la normativa laboral son citadas a audiencias en Córdoba para que allí presenten documentación y regularicen la situación. 

Tras esas audiencias, se regularizó la situación de 249 empleados, es decir, más de la mitad.

El informe estadístico da cuenta de que la tasa de regularización es del 60,58%, mientras que la de no registración del 24,61%, es decir, que cada 20 empleados en blanco, hay cinco no registrados.

La Subdelegación se inauguró el 12 de abril del año pasado y funciona en la calle Salta al 200.

En esa oportunidad, Alfredo Sosa señaló que pretendían realizar 10 inspecciones diarias, cifra que al menos en los primeros nueve meses de trabajo -de abril a diciembre de 2013- no se concretó, dado que en promedio serían aproximadamente la mitad.

El primer corte estadístico de la dependencia en Villa María -la primera de esas características en el país- permitió dar cuenta que el 31% de los trabajadores inspeccionados estaba en negro. El segundo corte, hecho a diciembre, da cuenta que esa cifra bajó a un 24,61%.

Pero más alentador es que de esa cantidad de trabajadores en negro -más de la mitad- fue blanqueada. El resto, es decir, el 40% de los empleados en negro que fueron detectados, sigue en esa condición, con el agravante de que las empresas que los tienen fuera de la normativa laboral vigente -muchas de ellas, prestigiosas instituciones educativas- presentan como soporte facturas, contratos por becas y otras figuras que no hacen al empleo registrado, por lo que esas empresas siguen discutiendo en audiencias las formas de restar derechos a los trabajadores.