El intendente Guillermo Cavagnero solicitó la prórroga, por dos años más, de la emergencia económica y financiera que rige desde el año 2012.
Así lo confirmó ayer el mandatario a EL DIARIO, al tiempo que aseguró que el 30 de abril finalizará la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Administración Municipal (Profam) en la comuna. A esto también lo señaló la presidenta del Concejo Deliberante, Graciela Isaguirre, al ser abordada en el órgano parlamentario por este matutino.
El intendente consideró como “simples” los motivos de su pedido oficial. Recalcó, como principal argumento, que “todos los meses la peleamos para pagar los sueldos” de los trabajadores, una situación que persiste con el paso de los años y que parecía zanjada en los últimos tiempos.
En este aspecto, subrayó que con el aumento salarial acordado para 2014, se necesitarán desde julio próximo “700 mil pesos mensuales más” que en la actualidad, para cumplir con la planta de personal.
A ese cuadro, el jefe del Ejecutivo sumó los gastos originados en la localidad por la reciente e histórica crecida del río Ctalamochita, que en febrero y parte de marzo pasados les dio un duro revés a las poblaciones ubicadas a su margen. Dijo que se requirieron partidas extras para paliar las consecuencias del desborde del río, que arruinó calles, obras públicas y derivó en dos demoliciones de rutas.
Cavagnero sí confirmó, por otro lado, que el Profam ya no se implementará. La fecha de salida de este programa perteneciente a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) es el 30 de abril, como se dijo desde un primer momento.
Esta iniciativa -a manos principalmente de una consultora privada liderada por la contadora Daniela Lucarelli- había llegado con el fin de capacitar a los trabajadores en el tema tributario y económico y generar un plan de acción en la materia.
Desde mayo “nos van a ayudar técnicamente, pero sin cobrar. Probablemente, nos juntaremos una o dos veces por mes”, especificó el intendente, aludiendo al trabajo de cara al futuro con los técnicos del programa.
Cabe consignar que este programa cobra mensualmente un importe que significa el 25% del monto que surge de comparar la recaudación de un período al otro (es decir, la diferencia). Según los técnicos, se tiene en cuenta el ajuste causado por las subas en la Tarifaria; según el tribuno radical de la oposición Ignacio Tagni, no se contempla el incremento de las tasas, por lo que el pago al Profam va en desmedro de los intereses de la comuna.
Como sea, la cifra total superó meses atrás los seis millones de pesos a favor de ese proyecto.
Qué significa esta situación
El municipio se encuentra en estado de emergencia económica, financiera y administrativa desde el 10 de abril de 2012, con el aval sólo de los concejales del oficialismo. Las minorías habían votado en contra hace dos años porque recibieron el proyecto apenas una hora antes del inicio de la sesión en la que se trató.
Entre las facultades que otorga esta herramienta al Gobierno, figura la de utilizar “temporariamente” dinero destinado previamente a otros fines “para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la crisis económica”. Asimismo, puede “disponer las reestructuraciones funcionales del personal municipal permanente, transitorio y contratado para que -asegurando el mantenimiento de la estabilidad, categoría y nivel alcanzados- disponga traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios y toda otra medida que juzgue conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal y afrontar la crisis económica imperante”.
Además, Cavagnero tiene luz verde para dejar sin efecto la autorización de horas extras y el otorgamiento de adicionales por servicios extraordinarios y no remunerativos al personal municipal de planta permanente o contratado y a efectuar suspensión de recategorizaciones y cualquier otra forma extraordinaria de remuneración.
En la ordenanza vigente, se apuntó que la situación que atraviesa la comuna “significa la imposibilidad de continuar con la prestación de los servicios y ejecución de la obra pública municipal, atender la remuneración de su personal y mantener la actividad y gestión administrativa mínima indispensable” y se persigue, entonces, buscar la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos del Estado municipal; disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios por locación de obras o servicios; realizar convenios de colaboración con instituciones, entes u organismos públicos o privados tendientes a revertir la actual situación de emergencia económica, financiera y administrativa, entre otros puntos.
Asimismo, está prohibido por esta norma trabar embargos u otras medidas precautorias jurisdiccionales sobre los recursos presupuestarios del sector público municipal y sobre los bienes municipales.
