Las familias de Carlos Dante Raful y Abel Paiva fueron desalojadas de las viviendas que ocupaban en barrio Carlos Pellegrini, en la calle Marcos Juárez al 2450, a tres cuadras de la rotonda de la autopista Villa María Córdoba.
Participaron de la expulsión efectivos policiales de la Departamental San Martín, funcionarios judiciales, personal de Seguridad Ciudadana, una asistente social de la Municipalidad y una topadora, aparentemente enviada por quien asegura ser el dueño de los terrenos.
Se trata de Mario Fermín Forconi, quien está legalmente patrocinado por el abogado Jorge Pipino, profesional ligado al Gobierno local.
Sin embargo, las familias Raful y Paiva aseguran ser ellas las legítimas titulares de los lotes, ya que los asistiría el derecho de usucapión, pues haría tres décadas que viven allí.
El dirigente social del Movimiento Evita, Jorge Bonano, se erigió en portavoz de los vecinos desalojados, quienes, entre lágrimas, sólo atinaban a ubicar sus escasas pertenencias sobre un carro antes que cayera la noche y mientras la topadora derribaba parte de sus viviendas.
“Recién les notificaron la decisión de la Justicia de que los iban a desalojar el pasado 19 de julio. El 26, presentamos una denuncia ante la Justicia y el pasado jueves 31 ampliamos pruebas. Nunca les dieron la oportunidad de dirimir la cuestión en un juicio”, dijo Bonano.
“Lo que hace esta gente es ilegal. El fiscal Daniel Del Vö archivó la causa dos veces y no fue a juicio. Creo que esto que han hecho es ilegal, pero ya les tiraron la casa abajo y ahora esta gente está en la calle y hay niños pequeños”, manifestó el dirigente social.
“Resulta que Forconi puso al día los impuestos municipales, pero los desalojados tenían al día los impuestos provinciales”, detalló el referente del Movimiento Evita, dejando de manifiesto que el tema no es sencillo desde el punto de vista legal. Pero lo que queda claro es que, desde el punto de vista humano, a esta hora exactamente, hay dos familias en la calle, en una situación muy precaria.