El fiscal federal general Alberto Lozada anunció ayer que presentó un recurso de casación contra la resolución por la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó al juez federal Ricardo Bustos Fierro al frente de la investigación de las operaciones de la financiera CBI Cordubensis por presunto “lavado de dinero”.
“Interpuse un recurso de casación porque hay un vicio en el procedimiento y porque la Cámara, con los mismos criterios por los que aceptó la excusaciones de algunos de sus propios miembros, debió haber admitido las recusaciones formuladas contra el juez Bustos Fierro”, aseveró Lozada a la prensa.
La alusión del fiscal general es al hecho de que, antes de resolver las recusaciones planteadas contra Bustos Fierro, la Cámara Federal había admitido que se excusaran de intervenir los vocales Luis Rueda, Abel Sánchez Torres e Ignacio Vélez Funes.
Lozada planteó el recurso con el fin de que intervenga la Cámara Nacional de Casación Penal, debido a que la Cámara Federal rechazó las recusaciones contra el juez que habían promovido el fiscal federal Enrique Senestrari y Carlos Nayi, abogado de clientes presuntamente estafados por CBI.
Tanto Senestrari como Nayi había pedido el apartamiento del juez a partir de la divulgación de una fotografía de un evento social que arrojó sospechas sobre una posible amistad entre Bustos Fierro y el empresario Euclides Bugliotti, mencionado en la causa.
La Cámara, al rechazar la recusación, ratificó los argumentos que había esgrimido el juez en el sentido de no tener amistad con el empresario (quien hasta el momento no está imputado) y, por lo tanto, que no había motivos para apartarse.
Aún no se expidieron
Mientras tanto, desde la Cámara Federal rectificaron ayer que aún no se expidieron sobre la recusación también planteada contra Bustos Fierro por el titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella, quien en su carácter de querellante, esgrimió argumentos similares a los del fiscal Senestrari.
Desde la propia Cámara aclararon que se pronunciarán “la semana próxima”, pese a que por la mañana uno de sus miembros, el vocal José Vicente Muscará, en declaraciones a medios cordobeses, manifestó que el planteo de Sbatella había sido rechazado.
En la investigación, hasta el momento, no hay detenidos, pero sí nueve imputados por la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita”, “estafa”, “intermediación financiera clandestina”, “evasión tributaria” y “lavado de dinero”.
El principal imputado es el titular de CBI, Eduardo Rodrigo, y los restantes son Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Luis de los Santos, Víctor Eduardo Alaniz, Doris Liliana Puccetti, José María Núñez y Oscar Américo Altamirano.
La investigación se inició el 13 de febrero pasado cuando el vicepresidente de CBI, Jorge Suau, fue encontrado sin vida en su vehículo, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono.
A partir de esa situación, la compañía cerró sus puertas y, según el abogado Nayi, afectó a decenas de ahorristas que no pudieron recuperar el dinero que habían colocado en CBI que, no obstante, no contaba con la autorización del Banco Central para operar como entidad financiera.
