Por una amplia mayoría de 11 votos contra uno, los concejales rechazaron el inicio del juicio político al juez de Faltas Héctor Paschetto.
Los 11 ediles, pertenecientes a las bancadas de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria (UPC-FPV), Unión Cívica Radical (UCR), Partido Villamariense escindido Social Cristiano y Partido Villamariense escindido Acción para Crecer, consideraron que no había méritos suficientes para la formación del juicio político que había sido solicitado por Antonio Alves, gerente de Resto Bar Las Lilas SRL. Así, aprobaron un proyecto de decreto del Concejo Deliberante rechazando el pedido de juicio.
"En virtud del análisis efectuado (...) este cuerpo por mayoría ha considerado que no existen motivos suficientes para continuar con el presente proceso y por lo tanto considera que deben archivarse las actuaciones”, dice el decreto en uno de sus párrafos y seguidamente señala que “Por todo ello, el Concejo Deliberante decreta rechazar el pedido de juicio político en contra de Héctor Hugo Paschetto, juez de Faltas de la ciudad de Villa María, por no existir mérito para la formación del juicio político”.
Cuestión presupuestaria
“El juicio político se basaba en un mal desempeño del cargo; para que haya existido eso, debería haber alguna animosidad de parte del juez que lo llevara a fallar en contra o a clausurarle el local a Alves por un hecho particular. Pero en este caso, el juez interpretó y aplicó la norma conforme está dictada”, explicó Mauro Beltrami, de UPC-FPV.
“Una interpretación jurídica puede ser revisada por un órgano superior que puede considerar que fue mal interpretada, pero ese error no lleva a un juez a un juicio político para destituirlo”, señaló el edil.
“Consideramos que el juez falló conforme está estipulado y sujeto a derecho, aplicando la sanción que corresponde. La normativa jurídica es una, tanto la Ordenanza de Espectáculos Públicos como la de Venta de Alcohol prohíben la venta a los menores y son complementarias. Una aplica la multa y otra, multa y clausura”, agregó.
Finalmente, reconoció que la creación de la Cámara de Apelaciones está prevista en la normativa, “pero es una decisión presupuestaria implementarla”.
Una vergüenza
“Luego de haber estudiado el expediente hemos concluido que no hay suficientes méritos como para dar apertura al juicio político. Fundamos nuestra decisión en que la medida adoptada por Paschetto se sostiene en dos ordenanzas vigentes, una que refiere a la venta de bebidas alcohólicas y otra anterior que habilita al juez a aplicar la clausura ante el hecho”, argumentó Nora Landart, de la UCR.
“Se objetó si se podía proceder a la clausura porque una ordenanza de bebidas alcohólicas alude a multas y no a clausura, pero antes se aprobó la Ordenanza 6.539 de Espectáculos Públicos, que en sus artículos 100 y 101 establece la sanción de multa y de clausura para quien dispense bebidas alcohólicas a menores”, añadió.
“Es indispensable que el Ejecutivo realice la previsión presupuestaria correspondiente para poner en marcha la Cámara de Apelaciones. Es una vergüenza que después de tantos años todavía no esté funcionando este espacio que mejora la calidad institucional y les da a los ciudadanos la posibilidad de apelar un fallo que presuma que no corresponde. Esto está previsto, pero por diferentes argumentos se demora su puesta en funcionamiento. Un Gobierno que a lo largo de los años ha invertido recursos en tantas cosas, creo que no tiene más ninguna posibilidad de justificar que no existen recursos suficientes para dar cumplimiento con la Cámara de Apelaciones”, aseguró.
Buscar la verdad
“Yo encuentro méritos para que el juez de Faltas sea sometido a un juicio político. Al leer el expediente, entiendo que los derechos de legítima defensa del denunciante fueron violentados por varias causas, una de ellas es la negativa a tomar declaración a los testigos ofrecidos por Alves, que son una prueba”, indicó Darío Capitani, del Partido Villamariense, el único voto disidente.
“El juez lo condena con una clausura tomando la Ordenanza de Espectáculos Públicos, pero el comercio fue habilitado bajo otra ordenanza que sólo contempla multas y eso me parece grave”, agregó.
“Hubiera sido importante que se iniciara el procedimiento para buscar la verdad del hecho, escuchando a todas las partes”, finalizó.
En tanto, la concejal del Partido Villamariense Escindido Social Cristiano, Georgina Etchegaray, consideró que no había mérito suficiente para el juicio político y afirmó que en una de las actas uno de los menores reconoció haber adquirido y consumido alcohol.
"Todo ello amerita la multa y la clausura", remarco y, además, sostuvo que Alves tuvo tiempo de detener la clausura acudiendo ante el tribunal competente.
“Investigamos el expediente y tenemos la obligación de no transitar el terreno de la animosidad y el amiguismo. No se entrevé animosidad de Paschetto contra Alves, por lo que la acusación por mal desempeño no tiene la fuerza suficiente para llevar al juez a la instancia de juicio político en lo que compete a nuestras funciones, no así en las instancias judiciales, ya que en materia jurídica, pueda que existan motivos para cuestionar o revisar el fallo de Paschetto”, fundamentó el concejal del Partido Villamariense Escindido Acción para Crecer, Ricardo Pereyra.