Estéticas

En la orilla, en lo marginal, pierden fuerza las imposiciones de la cultura central y la vida social va construyendo alternativas. Eso pasa en todos los órdenes de la vida, podemos verlo en música, baile, vestimenta, arquitectura, costumbres, etcétera. Quizás es por esto que la pobreza termina resultando “peligrosa” para quienes se preocupan más de la estética que la misma exhibe que de la situación de carencia que viven los pobres o el sufrimiento que les acarrean las desigualdades. Quizás sea por eso que siempre se los ha querido sacar del centro de la escena social para que no entorpezcan la visual de una supuesta corrección que se pretende universal.

Esto de sacar los pobres, y sus viviendas, de los lugares más visitados de la ciudad es algo que varias veces se ha dado en la historia de Villa María. Ciudad que, claro está, no puede escapar de las características propias del capitalismo que, como bien dice el teórico Samir Amin, desarrolla centros opulentos y periferias deprimidas. Es algo que este sistema puede llegar a morigerar en algo, pero nunca superar, pues es una de esas contradicciones fundamentales que lo constituyen. Son contradicciones que el poder administra, pero nunca supera.

 

Espectáculo

Pocas veces se encuentran documentos firmados por autoridades donde se exprese claramente el objetivo de sacar a los pobres y sus viviendas porque no dan un buen aspecto. Generalmente, esas intenciones se ocultan mencionando objetivos muchos más altruistas.  Pero en el Archivo Histórico de la ciudad, en el libro copiador de las notas del Poder Ejecutivo local, se encuentra una carta fechada el 11 de octubre del año 1924. En esa nota, Vicente Martínez Mendoza -quien entonces ocupaba el cargo de intendente municipal de Villa María- le escribió al “Señor Jefe Político” del Departamento “Tercero Abajo. Don Ramón J. Ceballos”, pidiéndole colaboración de la Policía, que en la zona era comandada por el jefe político, para retirar un rancherío ubicado en la cercanía del río Ctalamochita, entonces nombrado como río Tercero.

En la misiva el intendente señala que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) había resuelto “hacer retirar de los terrenos municipales, calles y otros parajes cercanos a la ribera del río III y en las inmediaciones del nuevo puente en construcción -se refiere al Alberdi- a la gente que habita en los ranchos improvisados y que hace bastante tiempo ha hecho su asiento en esos lugares, solicito al Sr. jefe su concurso para que ordene se preste a la Inspección General el auxilio de la fuerza pública para proceder al desalojo de dichos moradores”.

El intendente era el mismo que meses antes, en enero de 1923, había recurrido a la Policía para ir contra los verduleros que habían realizado una huelga en la ciudad reclamando por modificaciones tributarias. En aquella oportunidad en que el jefe político era Tomás Araballo, Martínez Mendoza había insistido en que la Policía actuara con mayor rigor. Por ese asunto elevó quejas al Gobierno provincial, denunciando lo que para él era un débil accionar policial. Incluso, fue muy agresivo en la manera de referirse a los huelguistas y, con un discurso elaborado desde el poder político, calificaba como “patrióticos” los esfuerzos para romper la huelga de 1923.

Pero regresando a 1924, y al “desalojo” de los pobres de la cercanía del río, en la referida nota el intendente pone en claro cuáles son los motivos. En primer término, habla del “espectáculo” que ofrecen esos ciudadanos y, recién en segundo lugar, pone como otro motivo una cuestión higiénica. Debe señalarse que para mejorar la higiene del lugar no hacía falta “desalojar” a los pobres, pero había que sacarlos de allí para que aquellos que ingresaran a la ciudad por el nuevo puente no vieran eso que el intendente calificó como “espectáculo”. Textualmente, Martínez Mendoza expresó el objetivo de aquella acción diciendo: “Con esta medida se procede a evitar el espectáculo de incultura que ofrecen los que habitan esas rancherías e igualmente su retiro de un lugar muy cercano a las basuras que es por demás antihigiénico”.

Martínez Mendoza, que llegó a la intendencia representando un sector de la patronal del comercio local, parece que fue muy afecto al uso de la fuerza policial. Es más, como ya mencionamos, se quejaba de que la misma no actuaba con la decisión necesaria. En este sentido, también podemos ver que el 21 de febrero de 1925 le escribió al ministro del Gobierno provincial, Angel F. Avalo, acusando recibo de una nota que éste le había remitido el 18 del mismo mes. En esa nota se quejaba de que la Policía no le había prestado la correspondiente colaboración para detener a vecinos que no pagaban deudas con el municipio. Es más, Martínez Mendoza aclaraba que la colaboración solicitada a la jefatura política no había sido por el cobro de multas por cesación de pago de patentes “como parece haberle informado la Jefatura Política”, sino que “el concurso solicitado a la Policía fue con el objeto de velar por la seguridad pública, por cuanto las multas impuestas fueron por exceso de velocidad y concentración de luces de los automóviles”.

En el Archivo existen otras notas de parecido tenor, incluso dirigidas al propio jefe político, con quien no acordaba mucho en relación al proceder policial. En cuanto al desalojo de los pobres que vivían cerca del río, no se ha encontrado documentación que demuestre si se llevó a cabo el procedimiento -difícilmente que no fuera así- ni cómo fue el mismo. Pero es revelador poder leer que el principal objetivo que se enunciaba para retirarlos del lugar no era otro que el “espectáculo de incultura” que ofrecían. Con el tiempo, para realizar lo mismo fue más habitual el uso de eufemismos.