Dirigentes de distintos sectores políticos mantuvieron en los últimos días reuniones con la finalidad de consensuar aspectos de la presentación de un pedido de jury de enjuiciamiento ante la Legislatura Unicameral de la provincia de Córdoba en contra del actual fiscal de Instrucción de la Tercera Circunscripción del Poder Judicial de Córdoba con sede en Bell Ville, Oscar Arturo Aliaga, luego de sucesivos rechazos de pedidos de investigación y el alejamiento de causas controversiales que este funcionario dispuso desde su asunción años atrás, lo que para los voceros de este grupo de vecinos implica "una clara muestra de complacencia con el poder político o, cuando menos, un signo de inhabilidad para ejercer el Ministerio Público ante planteos que demandan un mayor compromiso con la cosa pública".
En este marco, el periódico de la vecina ciudad “Tribuna” publicó que pudo conocerse que se efectuaron los primeros contactos con legisladores de distintos bloques y se redactó un resumen de los hechos cuya investigación Aliaga habría obviado, a lo que se suma su decisión de ejercer una requisa personal sobre la humanidad de Andrea Laura Maggi el 8 de noviembre de 2013, motivo por el cual desde el gremio que integra esta trabajadora judicial, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) se realizó una denuncia al polémico funcionario judicial, a su secretaria y a un notificador en Tribunales II de la ciudad de Córdoba, con el patrocinio del abogado Claudio Orosz, "por malos tratos a dos empleadas judiciales, a quienes habrían llevado por la fuerza a la Alcaidía, donde las encerraron y las obligaron a desvestirse frente a una mujer policía".
No obstante, en la reunión también se recordó que Aliaga "jamás esclareció las circunstancias en que falleció el paciente de Salud Mental del Complejo Asistencial ‘José Antonio Ceballos’, Marcelo Molina (43), en abril de 2011, cuando todavía era director del nosocomio Luis Margarit. La verdadera causa de su muerte debe estar dormida en algún lugar de la conciencia de Aliaga", sostuvo al respecto uno de los dirigentes presentes, Gustavo Calzolari.
A estos antecedentes se suma la reciente decisión de Aliaga de declararse "incompetente" para iniciar acciones investigativas en el marco de una denuncia por estrago interpuesta semanas atrás por el abogado Horacio Agustín López, para que se indague sobre las causas de la inundación de Bell Ville debido al abrupto crecimiento del cauce del río Ctalamochita a fines de febrero y principios de marzo. Cabe recordar que la decisión del fiscal fue rechazada por López, quien criticó la actitud de Aliaga de remitir las actuaciones a la ciudad de Córdoba, "donde si bien allí está asentada la cartera hídrica, no existe en el lugar conductas materiales que produjeran la inundación (estrago), ni se soportó los daños de la misma. O sea, eligió una ciudad en donde ni siquiera pasa el río Ctalamochita", señaló oportunamente López, quien fue invitado a este encuentro al que no pudo asistir.
Por su parte, otro de los dirigentes presentes, Carlos Kramer, expresó su preocupación por la decisión del fiscal bellvillense "para no dar lugar a investigaciones por denuncias de apremios ilegales que muchas veces denuncié en el accionar de la Policía. Es más, se han dado casos de testigos que llamativamente cambian la declaración. Y también se han dado casos en que la Policía recibe información sobre la llegada de estupefacientes a un lugar para un día, pero el fiscal produce la orden de allanamiento en otra fecha, en vez de ordenar una consigna para que en el día determinado agarren al transportista.
Durante el primer encuentro de estos dirigentes también se hallaba el exconcejal Mauricio Bondone, a quien Aliaga le rechazó dos pedidos de investigación relacionados con la quema del basural a cielo abierto ubicado al norte de la ruta nacional 9, recordando que estas presentaciones "están paralizadas, lo que es inadmisible teniendo en cuenta que está en juego la salud de la población, que la protección de los derechos colectivos, como el de vivir en un ambiente sano, no admite postergaciones y que no debe darse la espalda a los pedidos de intervención de los judiciables, sobre todo cuando se plantean hechos gravísimos con fundamento", afirmó.
Ante este resumen de casos, a los que se sumarían otros de menor exposición pública que se incorporarán a un expediente, los representantes de los distintos partidos políticos recordaron que "la Constitución de Córdoba señala que si bien los magistrados y funcionarios judiciales son inamovibles, sólo conservan sus cargos mientras dure su buena conducta, y pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. Además, deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan. En varios de estos aspectos vemos que Aliaga no cubre las expectativas de la Carta Magna, por lo que el procedimiento del jury de enjuiciamiento se canalizará en los próximos días a través de los institutos correspondientes", aseguraron.