En las últimas horas el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de la provincia de Córdoba se declaró en estado de alerta por diferentes motivos, razón por la cual desde el último lunes se iniciaron asambleas en los lugares de trabajo y se programó para el próximo viernes 9 de mayo un plenario provincial a desarrollarse en la capital provincial
Mediante un comunicado de prensa, desde la Delegación Villa María explicaron los puntos que llevaron a tomar esta determinación. En primer lugar se esgrimió un incumplimiento por parte del Gobierno sobre el acuerdo del 16 de diciembre de 2013, en el cual se había prometido el pase a planta permanente durante el mes de abril del personal contratado en el Programa Paicor. Sobre estos últimos tampoco se ha concretado el pago del aumento acordado en febrero del presente año.
También expresaron la falta de cumplimiento del pase a contrato, durante los primeros meses del año, de 200 trabajadores monotributistas, becarios y pasantes, entre otros. Al mismo tiempo se manifestó preocupación por la falta de novedades para el comienzo de los concursos para el pase a planta en salud y escalafón personal.
Uno de los puntos en los cuales se encontraron más inconvenientes fue en el área de salud, donde el SEP asegura que la situación es muy crítica, debido a diferentes factores que ellos mismos analizaron. “Existe una falta de recursos humanos, agravada por la baja de 250 contratos de remplazos de licencias sobre 437 que se habían incorporado; no se cubrió ninguna baja a pesar de haberse pedido a los directores los listados para implementar altas por bajas. Como consecuencia se acumulan los francos adeudados (sólo en Deán Funes se deben 779) y hay jefes de servicios que han comunicado la suspensión del otorgamiento de licencias sanitarias, segunda fracción de la licencia anual, etcétera; falta de insumos, medicamentos y recursos materiales. El programa provincial de entrega gratuita de medicamentos se cumple muy parcialmente; aparatología y recursos materiales en situación crítica. En capital hay cinco tomógrafos y sólo funciona uno. No se reparan las ambulancias de derivación de pacientes, lo que insumiría un gasto mínimo. Como consecuencia se derivan a prestadores privados, con el consiguiente costo extra; se sigue vulnerando la carrera administrativa, colocando en conducción a agentes a dedo; se encuentran cajoneados y sin resolución cambios de agrupamientos, pedidos de traslados por integración de grupo familiar y categorizaciones; la situación de inseguridad en los CAPS es absoluta”, remarcaron.
Además, se mostraron molestos porque “pese a que el SEP mantiene su participación en la Mesa de Trabajo, creada a tal efecto, a la fecha las mejores acordadas respecto a provisión de agua, electricidad, calefacción, ventilación y calidad de comida no terminan de concretarse”.
Finalmente, remarcaron que “las condiciones de higiene y salubridad en las que viven los menores internados y trabajan nuestros compañeros en el Complejo Esperanza son absolutamente inhumanas e inaceptables” y que “exigimos la derogación de la Ley 10.078 de diferimiento de los aumentos a los jubilados, quienes siguen cobrando los aumentos con seis meses de atraso”.
