El lunes pasado, la comisión Directiva presentó en la Justicia local el Libro de Actas reclamado por el asociado Héctor Rubén Osés.
El libro había sido requerido vía judicial y hasta fue un oficial de Justicia a la entidad para intimar a los responsables. Previamente, lo habían solicitado con escribano público e informalmente a los miembros de la directiva sin resultados.
Finalmente, con los libros en la mano y tras el análisis de actas, los asociados que no acuerdan con la legalidad de la presente comisión Directiva hicieron una presentación judicial para que el juez investigue si hubo delito encuadrado en las figuras de “falsedad ideológica” y “tentativa de estafa procesal”.
La presentación fue realizada en el Juzgado Civil de Segunda Nominación a cargo del juez Fernando Flores, secretaria Daniela Hochsprung. El magistrado decidirá si archiva el pedido o lo envía al fiscal para que lo investigue.
El argumento de la presentación es que hay resoluciones que aparecen en actas aprobadas por unanimidad, cuando el asociado Osés asegura que no las avaló. Entiende que hay que investigar si esto puede ser encuadrado en “tentativa de estafa procesal”, porque si avaló la resolución no puede luego pedir la impugnación como de hecho lo hizo.
Además, entienden que en el Libro de Actas hay irregularidades como doble firma, falta de firmas de directivos y espacios en blanco entre lo resuelto y lo avalado con la rúbrica de los integrantes de la comisión.
El conflicto en la Sociedad Rural Villa María se inició tras la expulsión como socio del entonces presidente Gonzalo Rial Núñez.
Además de la Justicia, hay presentaciones en la Dirección de Sociedades Jurídicas, donde deberán resolver después de analizar la documentación.